El ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández Pujante (considerado uno de los cabecillas de la trama del fraude en las obras del AVE), presuntamente intentó ocultar su patrimonio cediéndolo a sus hijas en ocho escrituras realizadas el mismo día ante un notario de Murcia que es hermano del fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano.
Ahora, el Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga la operación César ha dictado una providencia en la que cita a declarar como investigado al citado notario. La resolución judicial señala que este notario deberá declarar el mes que viene por si hubiera podido incurrir en un delito de blanqueo de capitales.
Según se lee en el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, «Fernández Pujante controlaba todos los aspectos del proceso, actuando como responsable técnico encargado de elaborar el proyecto inicial de las obras y de dar el visto bueno final a las mismas, en nombre del Juzgado, y actuando al mismo tiempo como responsable técnico, a través de Liberitas, de la realización de dichos trabajos, contratado tanto por parte de los adjudicatarios principales como por parte del subcontratista designado por él mismo (Obras Marimar S. L. )».
«Durante la tramitación del procedimiento de Inspección Tributaria iniciado en 2013 por la Agencia Tributaria respecto de la mercantil Obras Marimar S. L., José Manuel Fernández Pujante tuvo pleno conocimiento de la existencia de dicho procedimiento. Presuntamente alertado de la importancia de las inspecciones en marcha, y al parecer en un intento de evitar acciones públicas sobre su patrimonio, realizó ocho escrituras consecutivas ante el notario José Antonio Lozano, mediante las cuales hizo una trasferencia masiva de su patrimonio a favor de su esposa y dos hijas, una de las cuales era menor de edad», prosigue la Benemérita.
Todas las escrituras fueron realizadas en un mismo día, en concreto el 5 de febrero de 2014. Entre ellas, destaca aquella en la que Fernández Pujante concedía un préstamo de 800.000 euros a una de las hijas, a pagar dentro de veinte años y sin intereses.
El Instituto Armado considera que Fernández Pujante podría estar detrás de los delitos de «malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública».
«Mi marido dijo de hacerlo»
En julio de 2016, Mª Teresa B. O., esposa de Fernández Pujante y también investigada en la causa, fue preguntada por la Guardia Civil sobre la razón por la que ella y su marido realizaron esas ocho escrituras notariales el mismo día.
A ello respondió que eso estaba relacionado con la separación de bienes y que «ya que se hacía eso, pues se dejaba a las crías con lo suyo», que no se le preguntara el motivo, porque eso fue su marido «quien dijo de hacerlo» y, por tanto, lo sabría él.
Los investigadores creen que, en connivencia con los implicados del Juzgado de Aguas de Orihuela, la constructora Marimar cobraba a Adif obras de reparación de conducciones hidráulicas supuestamente afectadas por el trazado del tren que nunca se llegaban a hacer. Habrían obtenido beneficios millonarios.
Los investigadores sospechan que parte de ese patrimonio que se traspasó a las hijas podrían proceder, presuntamente, de comisiones percibidas por José Manuel Fernández Pujante por la ejecución de las obras de reposición de las redes hidráulicas afectadas por el tramo del AVE comprendido entre Crevillente (Alicante) y Murcia.
