El informe aportado por la directora de los Servicios Jurídicos, Ana María Vidal Maestre, indica en sus conclusiones que, «la situación de vacío» tras la sentencia emitida por el Supremo, «obliga y aconseja a dar seguridad jurídica a los sectores surgidos de la Modificación, con la tramitación de la aprobación provisional en el seno del Ayuntamiento y la definitiva por parte de la Comunidad, una vez ya ejercitada la competencia del Estado sobre la suficiencia de recursos hídricos, en sentido favorable». Así mismo indica que, la situación de «fuera de ordenación» en la que se encuentran las viviendas podría conllevar «cierta indeterminación jurídica que podría afectar al valor patrimonial de las viviendas y locales y sobre todo afectaría a los sectores sin ordenar y urbanizar», a lo que añade «por ello, convendría regularizar la situación creada por la sentencia» del Tribunal Supremo. Finalmente, en las conclusiones explica que, «de no proceder al tramitar el Proyecto de Modificación, al estar completamente urbanizado, su condición de suelo urbano es incuestionable».
