Los exconcejales del ayuntamiento de Murcia Ana Martínez Vidal (Calidad Urbana) y Juan Antonio Bernabé (Urbanismo y Vivienda) se limitaron a asegurar que sólo firmaban los expedientes para que los bares de la calle Pérez Casas de Murcia cumplieran con la legalidad en sus respectivas materias y que no conocían los problemas de los ruidos que denuncian los vecinos. Éste puede ser un resumen de lo que declararon en la mañana de ayer a la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que los había citado a declarar junto a la jefa del servicio administrativo de Actividades y Disciplina Medioambiental, Esperanza Rodríguez, quien se manifestó en términos similares.
Los tres estaban citados como investigados tras la denuncia interpuesta por los vecinos de las comunidades de propietarios de los edificios Greco y Españoleto ante la situación que sufren por la concentración de bares y restaurantes en la céntrica calle, fundamentalmente de jueves a domingos.
El abogado José Antonio García Sánchez, que representa a los vecinos de ambos edificios, se mostraba sorprendido tras la ronda de declaraciones y explicaba que los tres «se negaron a responder a nuestras preguntas y sólo contestaron a las de sus abogados y a las de la juez». Asimismo, añadía que «es un misterio saber quién es competente en el problema de los ruidos de Pérez Casas. Tanto los concejales como la técnico se han limitado a declarar que sólo firmaban los expedientes y que no conocían los problemas que padecen los vecinos». «Tendremos que llamar a Íker Jiménez (presentador del programa de misterio Cuarto Milenio) para conocer quienes eran los competentes en la materia», bromeaba.
En el auto de la jueza también se hace mención a la que fuera concejal de Medio Ambiente y actual consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, por no haber tomado medidas contra el ruido, pero como ocurriera con la guardería de La Paz, no puede ser investigada al estar aforada por pertenecer al Consejo de Gobierno.
«Ahora nos planteamos si seguir buscando quiénes eran los responsables o acudir al TSJ para que se haga cargo de la denuncia, ya que Martínez-Cachá es aforada al ser consejera», aseveraba García Sánchez.
Bernabé, que actualmente ocupa el cargo de director adjunto del Instituto de Fomento, explicaba que estaba tranquilo, ya que «seguí todos los procedimientos administrativos. Todos los trámites administrativos. Eran actos reglados y todas las bases de las licencias para los bares cumplían con la normativa». Mientras que Martínez Vidal aseguró a esta Redacción que no iba a hacer declaraciones.
A pesar de que los investigados pidieron el sobreseimiento de las actuaciones, la magistrada decidió desestimar sus peticiones y tras suspenderse las declaraciones el pasado 2 de junio, ya que la magistrada tenía otro juicio, se realizaron ayer.
La denuncia de los vecinos de Pérez Casas se presentó contra Cachá también por los posibles delitos contra el medio ambiente y de prevaricación ambiental, previstos en el Código Penal. Posteriormente, la demanda se amplió contra los entonces ediles de Calidad Urbana y Urbanismo, y contra la funcionaria responsable de licencias de actividad.
