Allá por abril, Roberto P. S. admitía ante la Audiencia que había abusado sexualmente de nueve menores de edad, alumnos suyos en el colegio de El Palmar en el que era profesor de Religión. Pese a reconocer unos hechos delictivos tan horrendos, Roberto salía por su propio pie y libre del Palacio de Justicia. El motivo: el acuerdo que, tras horas de divagación, habían alcanzado su abogado, la Fiscalía y la letrada que representaba a los padres de las víctimas. Padres que son víctimas también, y algunos de los cuales contaban ayer a LA OPINIÓN que tienen claro que aún no se ha hecho justicia.«Queremos que entre en la cárcel. Queríamos que se celebrase el juicio. Queremos justicia de una forma o de otra, yo no quiero el dinero», clamaba ayer una de las madres, que prefiere permanecer en el anonimato, para proteger principalmente a su hija. Con «el dinero», la mujer se refería a las indemnizaciones que, según sentencia ya firme, el hombre ha de pagar 2.000 euros a cada una de sus víctimas. Indemnizaciones que, a día de hoy, no ha abonado.

Las víctimas solicitan ahora que, si no se ingresa el dinero, el procesado pague con pena de cárcel los abusos. Hoy, padres de las víctimas lamentan que se les llegue a señalar en el pueblo como personas que prefirieron el dinero a que el pederasta ingresase en prisión. Algo que rechazan de pleno: quieren que ese hombre acabe entre rejas y, si firmaron la conformidad, fue porque les aseguraron que «no había posibilidad de que entrase en la cárcel», comentaban a este diario.