Tribunales

Pelegrín se apoya en los técnicos para justificar su respaldo al derribo de la guardería

Declara como investigada en el caso de La Paz junto a los exediles Castillo y Moya-Angeler

01.07.2016 | 08:54
Pelegrín se apoya en los técnicos para justificar su respaldo al derribo de la guardería

El caso del derribo de la guardería del barrio murciano de La Paz llevó ayer ante la juez a la teniente de alcalde del ayuntamiento de Murcia, María del Carmen Pelegrín, y a dos exconcejales del PP en la capital, Antonio Castillo y Joaquín Moya-Angeler, que formaban parte de la Junta de Gobierno Local que autorizó en 2007 tirar esta instalación.

María del Carmen Pelegrín declaró a su llegada al Juzgado de Instrucción Número 1 de Murcia, donde prestó declaración en calidad de investigada, con la confianza de que el caso «se vuelva a archivar, por cuarta vez», y asegurando que todos los expedientes que han llegado a la Junta de Gobierno en el tiempo en el que ha sido concejala están siempre respaldadas por los informes de los técnicos municipales. «Vengo a colaborar con la Justicia, aunque considero que debería venir en calidad de testigo, porque no tengo nada que ver con el tema que se trata aquí», dijo la concejala popular

Ya en sede judicial, Pelegrín se afanó en dejar claro que sus conocimientos urbanísticos son escasos, ya que ha ejercido su labor en concejalías de índole social. Declaró que votó a favor del derribo de la guardería porque, al contar con todos los informes técnicos favorables, no tenía razón para votar en contra.

Antonio Castillo, por su parte, fue el que menos tiempo estuvo ante la juez, ya que apenas llevaba 19 días como concejal en la Junta de Gobierno cuando se llevó a debate y aprobación el derribo de la guardería de La Paz. «Le contaré a la señora juez y al señor fiscal todo lo que sepa y recuerde de ese caso, del que no sé mucho, porque solo llevaba 19 días en el ayuntamiento de Murcia cuando se aprobó esa decisión, por lo que no tengo ni idea de lo que pasó en este caso». Castillo fue edil de Vivienda, Transporte y Comercio entre 2007 y 2011.

En el mismo sentido, aunque bastante más didáctico, se expresó Joaquín Moya-Angeler, que reconoció, como sus compañeros de corporación, que no hubo debate en la Junta de Gobierno en la que se decidió el derribo de la guardería de La Paz, que era un paso más dentro de un proyecto más amplio para rehabilitar el barrio murciano, el que lideraba el promotor López Rejas.

Las preguntas del fiscal Martínez Munuera se centraron en si se podía llevar a la Junta de Gobierno, fuera del orden del día, un expediente basado en una comunicación interior que provocara la inmediata ejecución de un acto administrativo. La juez no hizo ninguna pregunta, mientras que los investigados se negaron a responder las preguntas del letrado de la acusación particular, que representa a una serie de asociaciones del barrio.

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