La polémica tasa de telefonía en Madrid reporta en Murcia 700.000 euros en dos años

El Ayuntamiento la implantó en 2008 y casi todas las corporaciones locales de la Región la cobran

27.06.2016 | 04:00
Operarios de una empresa de telecomunicaciones instalan cable en el centro de la ciudad.

Lo que en Madrid ha generado una gran polémica, que ha llegado incluso a los tribunales, en Murcia se lleva cobrando con normalidad desde hace bastantes años. Se trata de la tasa impuesta a las empresas por explotación de servicios de telecomunicaciones (más conocida como ´tasa de telefonía´), que operan en los municipios, y que grava el uso de la vía pública de los kilómetros de cable de las distintas operadoras.

En el caso de la capital de la Región, fue implantada en las ordenanzas fiscales de 2008, a propuesta del entonces concejal de Hacienda, Joaquín Moya-Angeler, que ´vendió´ esta tasa como una de las grandes novedades de la actualización de tributos para ese ejercicio. Lejos de quitarla, el ayuntamiento de Murcia la ha mantenido y defendido con el paso de los años, ya que fue implantada a instancias de la Federación de Municipios y Provincias de España, según explicaron a esta Redacción fuentes municipales.

Las mismas fuentes añadieron que en la Región prácticamente todos los municipios la cobran ya, siguiendo lógicamente las recomendaciones de la Federación de Municipios y Provincias de España. En el caso de Murcia, en dos años las arcas municipales se han embolsado más de 700.000 euros por esa tasa. En 2014, la previsión era ingresar 300.000 euros, una cantidad que al cierre de ese ejercicio se comprobó que había sido superada. Así, los derechos reconocidos ascendieron a 447.000 euros. El año pasado la recaudación por el tributo que grava la telefonía fue de 302.000 euros (se volvió a presupuestar por parte del Ayuntamiento 300.000 euros), lo que supuso un descenso de 145.000 euros con respecto a la contabilidad anterior.

La concejalía de Hacienda y Contratación ha presupuestado para el 2016 unos ingresos por este concepto de 300.000 euros, cifra idéntica a la prevista en 2014 y 2015. La batalla judicial por la tasa de la telefonía se inició en Madrid, que bajo el gobierno de Ana Botella implantó también este canon, que grava en ese caso el uso del dominio público que hacen las operadoras móviles al utilizar sus redes fijas. Es decir, se paga por usar las redes fijas para dar servicios móviles.

Esa tasa fue recurrida por Orange y Vodafone, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a las empresas en una sentencia del 2015. El ayuntamiento de Madrid recurrió el fallo al Tribunal Supremo que, en una sentencia de mayo de este año, se ha puesto del lado de la Administración local.

Este varapalo a las operadoras de telefonía ha llevado a Vodafone a paralizar, un extremis, su fusión jurídica con Ono, ya que podría ver incrementado el coste fiscal de la tasa.

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