La defensa del exgerente de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia Alberto Guerra -el bufete de abogados Molins y Silva, el mismo que asiste a la Infanta Cristina en el proceso Nóos- acusa al juez que instruye el caso Umbra, la presunta trama de corrupción urbanística en torno a los convenios que el Ayuntamiento firmó con distintos empresarios y promotores en la zona norte, de verter en sus resoluciones «improperios, ultrajes y humillaciones». La queja se contiene en un recurso en el que el defensor de Guerra llega a pedir el amparo de la Audiencia Provincial de Murcia frente al juez instructor, David Castillejos, «aunque sea de forma testimonial».

La defensa se pregunta «si es admisible en un país jurídicamente civilizado una resolución de un órgano de la administración de Justicia con semejantes improperios, ultrajes y humillaciones». Y añade que hay que preguntarse también «si es admisible, ya entrado el siglo XXI, que los jueces de Instrucción españoles se dirijan con tal desprecio y grosería a los administrados y a sus letrados».

En concreto, se cita en el recurso que Castillejos ha recogido en sus resoluciones comentarios como los siguientes: «el escrito de la procuradora no puede ser más desafortunado», «esa descabezada defensa», «es deliberadamente falso», y otros, y reclama que el juez se exprese «con un lenguaje adecuado, no inapropiado».

Dice también que en el ejercicio de su derecho de defensa, efectúa sus alegaciones «de forma estrictamente técnico-jurídica, sin faltar al respeto a nadie», por lo que considera que no se puede aceptar el lenguaje utilizado por el juez.

En cuanto al fondo del asunto, el letrado defensor de Guerra recurre la resolución del propio Castillejos que declaró compleja esta pieza separada conocida por 'Teatro Circo', abierta dentro del caso Umbra, sobre presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad de Murcia. Señala al respecto que Castillejos tomó esa decisión sin esperar a que el Ministerio Fiscal lo solicitara, lo que es preceptivo, por lo que considera que su acuerdo debe ser declarado nulo.