La defensa de Miguel Ángel Cámara, el que fuera alcalde de Murcia en los últimos 20 años, ya está preparando la vista oral que lo enjuiciará, si así lo estima el juzgado de Lo Penal, por un delito de prevaricación continuada en la pieza separada Nueva Condomina del caso Umbra, que investiga la presunta corrupción urbanística en los convenios que el Ayuntamiento firmó con empresarios en la zona norte del municipio.

Los letrados del exalcalde, en el escrito de calificación final remitido al juzgado de instrucción número 8, que es el que lleva el caso Umbra, indican que es necesaria la comparencia en la vista oral de una serie de personas, con el fin de que el tribunal que lo juzga pueda constatar que Cámara no ha cometido el delito que se le imputa. Es por eso que citan a declarar como testigos a Ana María Vidal, jefa de los servicios jurídicos, y al que era por aquellas fechas su jefe de Gabinete, Eduardo Martínez Oliva, en la actualidad concejal de Hacienda en el nuevo equipo del alcalde de Murcia, José Ballesta. También llamarán a los exconcejales populares Pilar Megía (Urbanismo), Miguel Cascales (Deportes), Ginés Navarro (Urbanismo), José Arce Pallarés (Obras y Servicios Comunitarios) y Francisco Porto (Educación) y a los exediles socialistas José Salvador Fuentes Zorita (exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento) y José Luis Sánchez Alegre (concejal de 1999 a 2003), todos ellos miembros de la extinta Gerencia de Urbanismo.

Además, los letrados de Cámara quieren que se personen como testigos en el juicio una periodista, que en los años en que se gestionó y firmó el convenio de Nueva Condomina, escribió distintos artículos sobre los hechos referidos, así como Joaquín Romeu, que era presidente del Real Murcia desde 1999 hasta 2003.

Con el exalcalde se sentarán en el banquillo, el que fuera director de la Gerencia, Pedro Morillas, y el exjefe de Planeamiento Joaquín Peñalver. Según el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano, cometieron una presuntas ilegalidades en Nueva Condomina, que impulsó en el norte del municipio el hoy fallecido presidente del Real Murcia, Jesús Samper, que también fue imputado. Para Lozano, estas decisiones municipales de apariencia ilícita habrían beneficiado al promotor en contra del interés público. Una de estas decisiones que nombra el fiscal, no ajustadas a derecho, es perdonar a Samper la obligada cesión al municipio del 10% del aprovechamiento urbanístico, que le habría supuesto al promotor un ahorro de unos 18 millones.