Una paciente que, tras ser sometida a una intervención quirúrgica en la tibia en un hospital concertado de Murcia, fue declarada en situación de incapacidad permanente para realizar su trabajo, tendrá que ser indemnizada con 3.000 euros por no haber sido informada debidamente de los riesgos de la operación. Así se dispone en una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región, que desestima el recurso que presentó contra la orden del Servicio Murciano de Salud (SMS) que aprobó en parte su reclamación (12.000 euros) y asumió el pago de la citada suma.
