La causa del caso Nueva Condomina (pieza separada del Umbra) consta de nada menos que 12.066 folios, repartidos en 21 tomos. Es la documentación que el titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, David Castillejos, ha pasado a su colega de Lo Penal. Castillejos ha dado carpetazo al asunto, y ahora reclama que se siente en el banquillo al exalcalde Miguel Ángel Cámara por un delito continuado de prevaricación urbanística.
Junto al exregidor, están investigados el que fuera jefe de Planeamiento y en la actualidad arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, y el director de la Gerencia de Urbanismo (actualmente, funcionario jubilado), Pedro Morillas.
Para Cámara, el Ministerio Público pide 10 años de inhabilitación para cargo o empleo público. Para Peñalver, 8 años y 7 meses años. Para Morillas, otros 10
David Castillejos lleva años con la instrucción de este caso, que deriva de la 'macro causa' que es el interminable caso Umbra. Fue en febrero de 2015 cuando se creó una pieza separada, que se dirigía, además, contra el empresario Jesús Samper, ya fallecido.
El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, detallaba en su calificación que Miguel Ángel Cámara, «con la colaboración imprescindible de Morillas, decidió directamente todos los aspectos favorables al proyecto Nueva Condomina, removiendo en unos casos y vulnerando en otros aspectos de legalidad».
Según se lee textualmente en la calificación fiscal, el que fuera alcalde con el PP durante veinte años «fue adoptando decisiones en el ámbito de su responsabilidad en el proyecto Nueva Condomina desde 1999 a 2003, incluso en reuniones oficiosas al margen del procedimiento, anteponiendo conscientemente a la legalidad exigible el afán político de unos y mercantil de otros para obtener un nuevo estadio de fútbol en el marco de un proyecto inmobiliario, realizando los cambios normativos oportunos consensuados previamente y forzando siempre las interpretaciones normativas del modo más favorable al exigente promotor privado tanto económica como urbanísticamente».
«Una ilícita denuncia»
En este sentido, el fiscal Lozano destaca que se llevó a cabo «una modificación del Plan de Ordenación (PGO) para la creación de la alternativa B, con la edificabilidad fijada a conveniencia entre los acusados», así como «una renuncia injustificada a los derechos legales de cesión del 10% de aprovechamiento municipal». A este respecto, destaca que el que fuera regidor popular hasta 2015 (cuando lo sustituyó José Ballesta) «realizó una ilícita renuncia a parte del legítimo derecho del 10% de aprovechamiento urbanístico que debía recibir el Ayuntamiento, con pérdidas millonarias para las arcas públicas».
Asimismo, el Ministerio Público manifiesta que Cámara «consintió que los beneficios del proyecto se traspasaran del club de fútbol Real Murcia SAD a una sociedad inactiva del señor Samper con escaso capital social».
