El que fuera gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia e investigado en el caso Umbra, de presunta corrupción en la expansión norte de la ciudad, Pedro Morillas, ha dicho en un escrito presentado en el Juzgado que tramita la causa que el fiscal Anticorrupción «novela unos hechos inexistentes». En un escrito de extrema dureza en el que solicita su absolución, la defensa de Morillas acusa al representante del ministerio público de «novelar unos hechos» y que, para ello, los reviste «de unos adjetivos y demás adornos subjetivos que, sin ellos, sería un auténtico disparate, fáctico y jurídico».
Señala igualmente que el escrito de acusación del fiscal sostiene una supuesta ilegalidad administrativa «con absoluta frivolidad, para su encaje en unos hechos fabulados». La defensa del exgerente de Urbanismo acusa también a la Fiscalía de excluir hechos objetivos «porque van contra un sistema que ha sido creado solo para sostener una caza de brujas en el ayuntamiento de Murcia respecto de todo lo tocante, de manera directa o indirecta, con el proyecto Nueva Condomina». Dice también el escrito de defensa que la acusación contra Morillas «se pretender concretar por el ministerio público» en dos informes que aquel emitió en enero y febrero de 2003 sobre aspectos técnicos del Plan Parcial y sobre el 10% de aprovechamiento urbanístico. Tras comentar que dichos informes no constituyen, en ningún caso, resolución, la defensa asegura que asumir como ciertos y válidos los hechos recogidos en el escrito de acusación constituiría «un dislate jurídico, solo asumible si se parte de un absoluto desconocimiento de lo que es el Derecho Administrativo, la materia urbanística y el funcionamiento normal de una corporación local en asuntos como el que nos ocupa». No se olvida tampoco el escrito de señalar que los hechos considerados prevaricadores por el fiscal fueron refrendados por tres sentencias firmes de la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Región. Finalmente, y como también ha hecho saber la defensa de otro investigado, Joaquín Peñalver, exjefe de Planeamiento Urbanístico, expone que el órgano competente para juzgar el caso es la Audiencia Provincial de Murcia, y no un Juzgado de lo Penal, como mantiene el fiscal Anticorrupción, por lo que reclama que pasen las actuaciones a aquel tribunal.
