«Llevo 17 años de concejala y en cada junta de gobierno vemos una media de entre 40 y 60 expedientes. En el caso del derribo de la guardería de la Paz contaba con todos los informes técnicos positivos, como cualquier otro expediente que va a las juntas». Así se expresaba ayer María del Carmen Pelegrín, tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales en este mandato, y concejala de Bienestar Social en los pasados, para valorar la providencia en la que se le cita a declarar en calidad de investigada o imputada en el caso del derribo de la guardería de La Paz.

La providencia del juzgado de Instrucción Número 1, que lleva la magistrada Ana Isabel Navarro Prieto, fue dictada a finales de abril y se cita a esta concejala a declarar el 30 de junio. Junto a ella deberán comparecer también en calidad de imputados los exediles Antonio Castillo, que era concejal de Vivienda, y Joaquín Moya-Angeler, que era responsable de Relaciones Institucionales, por «haber sido integrantes de las juntas de gobierno en las que participaron y votaron favorablemente las mismas», en relación a las resoluciones adoptadas en 2007, fecha en la que se decretó el derribo.

Sus nombres se unen a otros investigados que ya prestaron declaración por estos hechos y entre los que figura el que era alcalde cuando se tomó la decisión de derribo para construir otra guardería en otro lugar, Miguel Ángel Cámara. La decisión de ampliar las imputaciones ha sido adoptada por el Juzgado tras el auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia en el que se indicaba que la causa había sido archivada sin agotar la investigación, por lo que acordó reabrirla tras tres resolución de sobreseimiento dictadas por el órgano instructor. La providencia de finales de abril apunta también a la exconcejal Adela Martínez-Cachá, aunque sobre la misma no se pronuncia dado su aforamiento como miembro del gobierno regional de Murcia. Al declarar como investigado hace varios meses, Cámara señaló que actuó en todo momento de acuerdo con los informes de los técnicos. Además, expuso que el derribo de la guardería no representaba perjuicio alguno para los ciudadanos porque se edificaba otra. Sin embargo, las organizaciones sociales que presentaron la denuncia y que recurrieron los archivos sostienen que la resolución municipal pudo haber incurrido en un delito de prevaricación que debe ser investigado. Ayer, la concejala Pelegrín también aludió a los informes técnicos elaborados a favor para dar su voto positivo. Añadió que «confío en la justicia» y precisó que «la guardería se habría hecho si no hubiera llegado la crisis económica». Asimismo, dejó entrever que no abandonará su cargo de edil. Por su parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta, pidió «moderación» y «templanza» y afirmó que el actual Gobierno local ha iniciado los pasos para levantar una nueva guardería, «·con un proyecto consensuado con todos».