Empresa pública

Los servicios jurídicos del ayuntamiento de Murcia investigan ya las incompatibilidades de Emuasa

Han pedido los datos a la empresa municipal, en cumplimiento de la moción de Cambiemos Murcia aprobada por unanimidad - La Intervención chequeará los contratos a propuesta del PSOE

22.04.2016 | 04:00
Reunión del Consejo de Administración de Emuasa, participada por el Ayuntamiento y un grupo privado.

Las presuntas incompatibilidades en que habrían incurrido los altos cargos de la empresa municipal de aguas (Emuasa) y que fueron denunciadas en un escrito enviado a esta firma mixta (capital público en un 51% y socio privado) por el concejal de Fomento, Roque Ortiz, están siendo ya analizadas por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Esta actuación se lleva a cabo en cumplimiento de la moción presentada en marzo por el portavoz de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, que fue apoyada por el resto de grupos municipales (PP, PSOE, Ciudadanos y Ahora Murcia). Fuentes municipales explicaron a esta Redacción que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se han dirigido ya a la empresa para pedirles los datos que hacen mención a esas incompatibilidades (trabajadores que tienen responsabilidades en la empresa municipal y que al mismo tiempo están presentes en otros consejos de administración).

Las mismas fuentes advirtieron de que «en caso de que la empresa no quiera facilitar los datos, recurrirán al Registro Mercantil», en el que deben aparecer las altas y bajas de esos empleados en los distintos consejos de administración. Precisamente, el concejal Ortiz, en su escrito, expresaba su disconformidad con la gestión tras comprobar que 11 cargos de la compañía incurrían en incompatibilidades, unas irregularidades que están siendo ahora comprobadas por los servicios jurídicos.

Además, el edil cuestionaba la objetividad en las contrataciones y denunciaba que hubo adjudicaciones realizadas en 2014 a empresas del grupo del socio privado con un montante de unos 13 millones. Precisamente, la moción de Cambiemos Murcia fue completada por la propuesta de Enrique Ayuso, edil del PSOE, en la que se pedía que Intervención realizara un control financiero, de eficacia y de legalidad en esas contrataciones. Esta propuesta también fue aceptada.

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