Los catedráticos de la Universidad de Murcia y miembros del CEMOP Ismael Crespo y Antonia Martínez, que fueron expulsados de la Fundación Ortega-Marañón de Madrid por su supuesta relación con un presunto fraude de títulos falsos en México, están también envueltos en un procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, que investiga una denuncia presentada por una antigua profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UMU, donde trabajan Ismael Crespo y Antonia Martínez, por supuesto acoso laboral.

La profesora se querelló contra los dos catedráticos, a los que acusa de los supuestos delitos de falsificación documental, acoso laboral, lesiones, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos y prevaricación. En un auto de procedimiento abreviado fechado el 20 de noviembre de 2015, la titular del Juzgado Número 3 dio traslado a las partes de las diligencias a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que solicitaran la apertura de juicio oral contra Antonia Martínez, pero sobreseía la causa de manera provisional contra Ismael Crespo. No obstante, la parte querellante ha presentado un recurso a este sobreseimiento sobre el que la Audiencia Provincial de Murcia está pendiente de pronunciarse.

El auto, en poder de esta Redacción, señala como «indiciariamente acreditado» que la denunciante fue contratada como profesora ayudante en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UMU y que «aproximadamente desde mediados de 2010, la querellada Antonia Martínez desarrolló una serie de comportamientos dirigidos a hacer desmerecer a la profesora, creando un ambiente negativo y hostil hacia la misma tanto por parte del resto de compañeros, incluidos los órganos de gobierno de la Universidad, como ante la comunidad educativa».

Entre tales actos, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia incluye «la inmotivada atribución de incumplimientos docentes y de ausencias injustificadas a su puesto de trabajo, incluido el incumplimiento de su obligación de realizar exámenes y de atender tutorías». La jueza afirma que hay obra documental en las diligencias a favor de la versión de la denunciante, que niega los hechos que le atribuyeron.

Además, el auto señala que el Departamento «no tramitó el permiso solicitado» por la denunciante «para su estancia en el Centro de Estudios Europeos y Mediterráneos de la Universidad de Nueva York en el marco de una beca que se le había concedido». Asimismo, la resolución judicial establece que el Departamento de Ciencia Política «publicitó, de forma infundada, la existencia de continuas quejas de los estudiantes por causa de la falta de capacidad y de solvencia docente de la profesora en la impartición de las materias de su cargo, cuando de las encuestas a estudiantes de la Unidad para la Calidad, la denunciante obtiene una puntuación más satisfactoria que la media del departamento», según consta en el auto judicial.

Otro de los hechos graves que imputa la jueza a Antonia Martínez -y los denunciantes, también a Crespo- es el de «publicitar en el tablón de anuncios de la sede del Departamento en la Facultad de Derecho, tanto en la planta baja como en la superior, en vitrinas cerradas, un informe negativo a la prórroga del contrato» de la denunciante, anexo «a una carta abierta a la comunidad educativa», que se llegaron a exhibir en la web de la UMU. En estos documentos, según el auto, se dicen de la profesora denunciante frases como que tenía «sustantivas lagunas en su formación» e «importantes problemas en la calidad de la docencia». Estos documentos estuvieron a vista de todo el mundo durante casi dos meses, entre los días 8 de febrero y 24 de marzo de 2011.