El presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza, se enfrentaría a una pena de 1 a 3 años de prisión por edificar aularios sin licencia en terrenos junto a Los Jerónimos, sede de la institución docente.
Así lo indicaron ayer a LA OPINIÓN fuentes judiciales, que confirmaron que a Mendoza se le ha citado para tomarle declaración, en calidad de investigado (antes imputado), el próximo 6 de mayo. Comparecerá ante la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, que se ocupa de la causa.
Antes, a finales del presente mes de abril, está previsto que declaren técnicos del ayuntamiento de Murcia, con el fin de corroborar los informes remitidos al juzgado y «ratificar que las obras se hicieron mal», tal y como se desprende de los citados documentos.
En los informes municipales se explica que los trabajos se efectuaron sin contar con la pertinente licencia, además de hacerse en suelo no urbanizable.
Fuentes judiciales subrayaron que aún no existe escrito de acusación hacia Mendoza, sino que «se le pide que preste declaración» en calidad de investigado.
Asimismo, destacaron que el suelo no urbanizable «no es de especial protección». En cuanto a las penas a las que puede enfrentarse el empresario, el Código Penal detalla que se trataría de 1 a 3 años de cárcel, la multa que establezca el juez e inhabilitación especial para promover viviendas durante un periodo de 1 a 4 años.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia, que dirige José Luis Díaz Manzanera, insiste en pedir la demolición de estos edificios supuestamente ilegales del campus, entre los que hay varios aularios y una cafetería.
En febrero, la Católica solicitaba «la autorización excepcional» para legalizar ahora las obras del campus de Los Jerónimos que se están investigando en el juzgado.
Sobre esta cuestión, el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, indicó ayer a este periódico que «ya finalizó el plazo de información pública y se recibió una serie de alegaciones», las cuales se están estudiando. El edil calculó que en el plazo de más o menos un mes se podrá remitir al órgano competente (en este caso, la Comunidad Autónoma) la petición de declaración de interés público, y que este órgano decida. La Católica tiene otro frente abierto en los juzgados, cuyo primer asalto ha ganado: el relativo a presuntas irregularidades en la cesión de una parcela de 135.000 metros cuadrados de terreno por parte del Ayuntamiento, cuando estaba al frente el anterior regidor, Miguel Ángel Cámara.
La magistrada que se hizo cargo de esta causa la archivó en su día. Entonces el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, presentó un recurso, el cual no fue aceptado por la juez. La Fiscalía, en esta circunstancia, recurrió a la Audiencia Provincial, y está a la espera de que este organismo se pronuncie.
La cesión en cuestión se produjo en 2005. Entonces, la rúbrica de los documentos de este acuerdo la llevaron a cabo Cámara y el presidente de la Universidad Católica en una rueda de prensa.
Desde la Católica explicaron entonces que la idea era construir en estos terrenos instalaciones de las que se beneficiasen «todos los murcianos», no solamente los alumnos y profesores de la universidad, aunque en ese lugar aún no se ha construido nada.
