El fiscal ha pedido cinco años y medio de prisión y dos multa por importe de 2.190 euros cada una para un profesor universitario que está acusado de falsificar, presuntamente, la documentación aportada por dos de los tres aspirantes a una plaza docente en la facultad de Ciencias del Deporte de San Javier.

Las conclusiones provisionales del ministerio público, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que la plaza fue convocada en octubre de 2009 y que el acusado, F.R., ostentaba el cargo de director de departamento, siendo integrante de la comisión de contratación.

Según la acusación estatal, una vez recibida la documentación entregada por los solicitantes, "procedió a sustituir y excluir determinados documentos que conformaban el expediente administrativo del proceso selectivo, reordenándolos y suprimiendo algunos méritos de dos de ellos.

La supuesta manipulación fue descubierta por el presidente de la comisión de contratación cuando, al cotejar la documentación que había sido facilitada por los servicios de personal de la institución docente con la que llevaba el acusado, observó que las mismas no coincidían.

Añade la fiscalía que, según la documentación presuntamente manipulada, el tercer aspirante conseguía 44 puntos de diferencia más que el segundo clasificado.

Los hechos, recogen las conclusiones provisionales del ministerio público, son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial, por el que pide cuatro años de prisión, multa de 2.190 euros e inhabilitación especial por tres años, y un delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el que reclama un año y medio de cárcel, multa por igual cuantía e inhabilitación especial durante cuatro años.

La Audiencia Provincial de Murcia ha convocado al acusado para el próximo 8 de abril a una comparecencia por si reconoce los hechos y admite la pena que puedan pactar el fiscal del caso y su defensa, lo que evitaría la celebración del juicio.

La UMU ya le abrió expediente en el año 2010 y lo denunció

La UMU ha señalado que a este profesor, que ha sido citado para el viernes por la Audiencia Provincial de Murcia a una comparecencia de conformidad, se le abrió un expediente disciplinario en mayo de 2010 al tiempo que se comunicaban los hechos presuntamente delictivos al ministerio fiscal.

Según explican fuentes de esta institución docente, el expediente se encuentra en suspenso hasta que se pronuncie la jurisdicción penal, que tiene preferencia sobre la vía administrativa.

De hecho, fue la institución docente la que denunció los hechos a la Fiscalía, lo que puso en marcha la maquinaria judicial.