El titular del juzgado de instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha ordenado abrir juicio oral contra el exalcalde de Murcia durante los últimos 20 años, Miguel Ángel Cámara, del PP, como presunto autor de un delito de prevaricación en el caso de corrupción urbanística Nueva Condomina.
El auto emitido ayer ordena que se sienten en el banquillo en esa misma vista junto al también exsecretario general del PP en la región de Murcia y por los mismos delitos el exjefe de Planeamiento Urbanístico municipal Joaquín Peñalver y el exdirector de la Gerencia de Urbanismo local Pedro Morillas.
El fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano pidió en febrero para Cámara y Morillas diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y ocho años y siete meses para Peñalver por su presunta actuación delictiva en la firma del convenio entre el ayuntamiento de Murcia y el club de fútbol Real Murcia para la construcción de su nuevo estadio en la zona de expansión norte de la ciudad, en Churra.
Según el fiscal, la actividad supuestamente prevaricadora se inició en 1999, con la firma de un protocolo de intenciones entre Cámara y el entonces presidente del club, Jesús Samper, fallecido el pasado 18 de diciembre, en el que se expresaba la voluntad de ambas partes de que se construyera un nuevo campo, y alcanzó su punto decisivo con la del convenio, en 2001, que ponía en marcha el procedimiento para hacerlo a cargo de la sociedad deportiva.
Siempre según el fiscal, Cámara se habría aprovechado de la colaboración de los otros dos investigados para firmar un acuerdo que habría reportado beneficios millonarios para Samper en perjuicio del interés general al no serle reclamada la obligada cesión al municipio del 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico del plan parcial aprobado por el ayuntamiento.
El abogado del exalcalde, José María Caballero, ha recordado a Efe que está pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Murcia un recurso de reforma y subsidiario de apelación de su cliente contra la incoación de procedimiento abreviado, una vez finalizada la instrucción, en el que entiende que no hay delito y que, de haberlo, habría prescrito por la dilación del procedimiento.
Según Caballero, con los plazos en los que se mueve la justicia, podría darse el caso de que se celebrara el juicio oral antes de la resolución del recurso que hiciera innecesaria la vista, aunque este no paraliza este procedimiento, que es una pieza separada de una mayor de presunta corrupción urbanística, conocida como caso Umbra, en la que se sobreseyó provisionalmente la imputación de Cámara.
El abogado se muestra contrario a la consideración que en su opinión otorga el fiscal al protocolo de 1999, puesto que se trata de un documento en el que se expresa la voluntad de dotar al municipio de mejores infraestructuras deportivas, pero no tiene ningún valor resolutivo ni plantea acciones ejecutivas, indica.
También pone en duda la figura que le imputa a su defendido de prevaricación continuada al entender el fiscal, según la interpretación del letrado, que se produce cada vez que se pone en marcha alguna de las acciones previstas en el convenio que en su día aprobaron los concejales del PP y el PSOE en el ayuntamiento, con el voto en contra de IU.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Gras, ha indicado hoy en un comunicado que estas investigaciones, junto con otras que afectan al presunto cohecho del exedil con Cámara José Ros en la adjudicación por mil millones de euros de la contrata de limpieza de la ciudad por 20 años a Cespa-Ferrovial, son "hechos muy graves que ponen en tela de juicio la gestión del PP, podrida de raíz".
"La falta de control, donde han primado los intereses particulares, es el resultado del abuso de la mayoría absoluta", señala, tras lo que afirma que "el sistema está corrompido y hay que airear todos los casos denunciados e investigados, lo que no se puede hacer con sus herederos al frente de las concejalías".
