La Universidad Católica (UCAM) parece perseguir al actual alcalde de Murcia, José Ballesta, como si de una pesadilla recurrente se tratara. Cuando era consejero de Universidades hace ya unos cuantos años tuvo que lidiar entre su amor a la Universidad de Murcia (UMU), de la que forma parte como catedrático de la Facultud de Medicina y exrector, y la responsabilidad política que ostentaba en el Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel. Tuvo que hacer quiebros y requiebros y lo consiguió al ausentarse del Consejo de Gobierno en el que se aprobaba Medicina para la UCAM, 'obligado' por un viaje de última hora. Puede que fuera uno de los peores momentos de su carrera política.

Como un bucle, el ahora alcalde se tropieza de nuevo con el mismo protagonista, que puede colarse en sus peores sueños. Otra vez. La Intervención General del Estado ha declarado nula la cesión a la Universidad Católica de 135.000 metros cuadrados de terreno municipal para el Campus de los Jerónimos, con una tramitación supuestamente plagada de irregularidades y errores, atribuibles al anterior equipo de Gobierno local, capitaneado por Miguel Ángel Cámara, que ya está imputado en dos casos judiciales -la pieza separada Nueva Condomina y la guardería de La Paz-, y al equipo técnico.

El asunto es de una gravedad supina por varios aspectos. Por un lado, por el tiempo transcurrido y por el perjuicio ocasionado a las arcas municipales, y por ende a todos los murcianos. Una década para otorgarle validez a una decisión administrativa es un disparate mayúsculo. La cesión se comenzó a tramitar en 2005 y el informe de la Intervención General del Estado es de 2016. Es decir, casi once años después. La falta de diligencia de los órganos de control es manifiesta y el tiempo, aparentemente, ha jugado a favor de la Universidad Católica, que ha levantado todo un emporio en torno a la educación universitaria. Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se vería obligada a meter la pala o podría ser sancionada? ¿O cuántos años pasarán ahora para ver si tiene consecuencias el reparo puesto por la Intervención General del Estado? Es previsible que este proceso acabe en los tribunales, que ya sabemos lo 'rápidos' que van.

Por otro lado, la tramitación se hizo por un equipo político, pero también técnico. Los funcionarios que actuaron en ese expediente siguen en el organigrama del Ayuntamiento, algunos de ellos en los mismos puestos o en otros puestos relevantes. La paradoja es que esos mismos que entonces miraron ese expediente de cesión -la UCAM pagó por los terrenos dos millones de euros, una cantidad ridícula o calderilla, según lo que se pagaba por entonces el metro cuadrado- ahora tendrán que ofrecer al alcalde y su equipo la solución, o el camino a seguir. Experiencia tienen desde luego, ya que no es la primera operación urbanística censurada.

Ha hecho bien Ahora Murcia en exigir que se revise todo y en reclamar responsabilidades políticas. Las cosas hay que hacerlas correctamente desde el punto de vista administrativo y legal, pero también desde un prisma ético y moral. Ese es el valor añadido de cualquier democracia moderna, que no debe ser olvidado por todos aquellos servidores públicos que quieren hacer un trabajo honesto. Ballesta ha entrado en bucle, pero experiencia tiene para salir adelante de este atolladero. El grupo de Alicia Morales no se lo va a poner fácil. Por nadie pase.