La imputación del caso Umbra que pesa sobre la secretaria de la Oficina del Gobierno local del Ayuntamiento no parece que haya influido en el ánimo de funcionarios y políticos a la hora de darle más responsabilidades a Isabel Fernández Guerras, una empleada para la que los servicios jurídicos, en su escrito de acusación, piden doce años de cárcel. La concejalía de Personal, que dirige José Guillén, hizo un decreto hace unos meses por el que le asignaba provisionalmente a la jefatura de Tráfico y Transportes, un importante departamento municipal del que dependen, entre otras cosas, las líneas de autobús y la ampliación del tranvía. Esta ampliación de sus funciones temporales no conlleva aumento de sueldo, según explicó ayer el concejal de Fomento, Roque López, uno de sus jefes junto a la concejala de Seguridad, Lola Sánchez. Ortiz añadió que «fue el propio funcionario que ostentaba esa jefatura, el que pidió la colaboración a esta empleada para que le ayudara en sus tareas». Después, este funcionario, José Luis Jiménez, presentó la baja laboral ante el Ayuntamiento, que decidió asignar esa jefatura provisionalmente a la imputada en el caso Umbra, que compatibiliza ese cargo con el que tiene en la oficina del Gobierno local. «Isabel había estado trabajando con José Luis codo con codo y conoce a la perfección ese servicio, por lo que era lógico que se encargara de él», explicó el edil de Fomento.
