Investigación

El final de los casos Umbra y Barraca se aleja al pedir el fiscal prórrogas de año y medio

Solicita a los juzgados de Instrucción Número 8 y 4 que se declaren "causas complejas" y disponer como mínimo de otros 18 meses para seguir investigando - Después de ese tiempo se puede conceder otro plazo de año y medio más si los magistrados lo consideran oportuno

26.02.2016 | 04:00

­Tras años de instrucción en los juzgados no se ve su final y los imputados tendrán que esperar aún un tiempo para saber su destino judicial. Todo ello puede ser consecuencia de los escritos que ha presentado el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano ante los magistrados que investigan los casos Umbra y Barraca, a los que ha pedido una prórroga mínima de 18 meses (puede ser ampliada otros 18 meses) para seguir desentrañando la maraña urbanística en la que han desembocado esas causas, que conjuntamente suman más de una treintena de investigados. Además, quiere que se prorroguen por ese mismo tiempo las causas que tiene pendientes de Librilla, Aledo, Molina de Segura y El Roblecillo.

El representante de la Fiscalía de la Región se ha dirigido ya al juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, que lleva el juez David Castillejos y que instruye el caso Umbra, y al de Instrucción Número 4, que actualmente tiene como juez a Augusto Morales –ha sustituido a Nuria de las Heras– y que instruye el caso Barraca, para solicitar que ambas investigaciones se declaren causas complejas, según explicaron a esta Redacción fuentes judiciales. Las mismas fuentes añadieron que el acusador público entiende que no da tiempo a concluir su instrucción en los seis meses que marca la reforma legislativa, que entró en vigor el 6 de diciembre pasado, y que hay que practicar nuevas pruebas o diligencias, como verificar datos con otras administraciones o cotejar los contratos del convenio Casino (uno de los que aparece en el caso Umbra) y las certificaciones de la remodelación del histórico edificio. La Fiscalía tiene dudas acerca del coste de esa rehabilitación, pagada por los promotores a los que se les dio más edificabilidad en la zona norte, y que podría haber superado los siete millones de euros, según el escrito de acusación provisional elaborado por el Ayuntamiento. En ese documento, la Administración local pide penas de cárcel para sus funcionarios imputados, entre ellos Joaquín Peñalver, el que fuera jefe de Planeamiento de la extinta Gerencia de Urbanismo. Precisamente, este empleado público es el principal encausado en el Barraca, un caso que arrancó antes que el Umbra, causa en la que también está en calidad de investigado.

La Fiscalía abría en marzo de 2006 las diligencias informativas de oficio para averiguar si podrían ser delictivas las actuaciones de Peñalver al informar sobre proyectos urbanísticos realizados por el despacho de arquitectos dirigidos por uno de sus hermanos (Francisco Peñalver) y su padre (Joaquín Peñalver). Se iniciaba así la llamada Operación Barraca. En septiembre de 2007, la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, Nuria de las Heras, admitía a trámite la querella presentada por el Fiscal Jefe, Manuel López Bernal contra el exjefe de Planeamiento por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, según fuentes del caso. Ahora, esta investigación puede verse alargada en el tiempo por la petición de prórroga del fiscal.

Mientras, el caso Umbra, que se inició en diciembre de 2008 por una denuncia del grupo socialista admitida por la Fiscalía y el juzgado, parecía que llegaba a su recta final al haber dictado un auto el juez Castillejos en diciembre de 2015 conminando a las partes a hacer el escrito de acusación. Sin embargo, la investigación puede continuar si el magistrado se aviene a la petición del Ministerio Público. El caso Umbra arrancó investigando supuestos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, todos ellos realizados entre los años 2001 y 2006 en base a seis convenios urbanísticos para el desarrollo de la zona norte de la ciudad de Murcia. Posteriormente, se hizo la pieza separada Nueva Condomina, en la que aparece imputado el que fuera alcalde de Murcia en los últimos 20 años, Miguel Ángel Cámara, que ha quedado exonerado del caso Umbra e imputado solo en esa pieza. El fiscal ha pedido para el exedil diez años de inhabilitación para cargo público.

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