El caso del derribo de la guardería de La Paz ha dado un nuevo vuelco y promete ponerse más interesante si cabe. Este asunto judicial lleva en los tribunales cerca de ocho años y ha pasado por numerosas vicisitudes (se ha archivado y reabierto varias veces). Ahora, el fiscal de la causa, Juan José Matínez Munuera, ha pedido al juzgado de Instrucción Número 1 de Murcia nuevas diligencias.
La más importante es que sean llamadas a declarar en calidad de imputadas (ahora denominados investigadas por el cambio en la ley) las personas que en su momento, cuando se decidió tirar la guardería, asistieron a la junta de gobierno del Ayuntamiento en cuya sesión se aprobó y votó favorablemente la demolición para facilitar la remodelación del barrio de La Paz, promovida por el promotor José López Rejas, que también está encausado en este proceso judicial junto al que fuera alcalde de Murcia en los últimos 20 años, Miguel Ángel Cámara.
Se trata de los entonces concejales María del Carmen Pelegrín, Adela Martínez-Cachá, Antonio Castillo y Joaquín Moya-Angeler. Pelegrín sigue siendo concejala en el actual gobierno del alcalde de Murcia, José Ballesta, mientras que Cachá es consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Castillo y Moya-Angeler no tienen ningún cargo institucional en estos momentos.
El fiscal, en su escrito remitido el miércoles pasado, 17 de febrero, al juzgado que instruye esta causa y al que ha tenido acceso esta Redacción, indica que «atendiendo al resultado de las últimas diligencias practicadas, que no hace sino reforzar la convicción de la comisión presunta de un delito de prevaricación por parte de la junta de gobierno y dado que dicha responsabilidad es personal» propone, en consecuencia, la imputación de los ediles que estaban en la sesión en la que se votó favorablemente la idea municipal de derribar la guardería.
Además, el Ministerio Público considera que se debe llamar a declarar como testigo a Encarna López, jefa de servicio de la Agencia Municipal Tributaria.
El fiscal hace mención en su escrito a las numerosas reuniones que mantuvieron López Rejas y Miguel Ángel Cámara para que el Ayuntamiento tramitara de forma simultánea todos los elementos de planeamiento de la remodelación del barrio con el propósito de «sortear y soslayar las decisiones de la Gerencia de Urbanismo en la tramitación del proyecto» y añade que esto «arroja luz sobre el origen de las decisiones de la junta de gobierno» que desembocaron en el derribo de la guardería. Asimismo, resalta que al promotor no se le exigió aval o garantía alguna «para eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones que se le autorizaban».
Según el fiscal, esto es llamativo a la vista de la deuda que tiene Rejas con el Ayuntamiento, que asciende a 1,5 millones por el impago, entre otras cosas, por la cesión del solar municipal donde se instalaron los barracones que aún hoy día siguen en funcionamiento.
Era concejala de Servicios Sociales cuando se autorizó el derribo
Mª Carmen Pelegrín. Teniente de alcalde de Comercio
María del Carmen Pelegrín es una de las concejalas que el fiscal del caso de La Paz quiere que se impute por estar presente en la sesión de la junta de gobierno en la que se decidió el derribo. Era entonces de Servicios Sociales, ahora es edil de Comercio.
Ostentó diversas responsabilidades en el gobierno de Cámara
Adela Martínez-Cachá. Consejera de Agua y Agricultura
La actual consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez Cachá, fue concejala de Medio Ambiente en distintos gobiernos del entonces alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, imputado en el caso del derribo de La Paz.
Estuvo de edil en un único mandato de los populares
Antonio Castillo. Exconcejal de Vivienda
Antonio Castillo fue concejal de Vivienda, Transportes y Comercio desde 2008 hasta 2011 y permaneció en la corporación murciana un único mandato. Después, Cámara no contó con él para su última legislatura. Actualmente no tiene ningún cargo.
Desde los primeros comicios que ganaron los populares
Joaquín Moya. Exedil de Relaciones Institucionales
El que fuera concejal de Relaciones Institucionales en el anterior mandato no ostenta en la actualidad cargo alguno institucional. Joaquín Moya-Angeler, que ha estado 20 años de edil, era concejal de Hacienda cuando votó a favor del derribo.
