La Administración local de Murcia no quiere quedarse atrás en comisiones de investigación e incluso se plantea llamar a declarar a políticos que ya no están en el Ayuntamiento, pero que en el anterior mandato tuvieron responsabilidades en el Gobierno local. Es el mismo sistema que se ha empleado en la Asamblea Regional, que ha establecido distintas comisiones de investigación para esclarecer puntos no claros de proyectos ya ejecutados.
En ambos casos, las comisiones de investigación se han generado a propuesta de la oposición. En el parlamento murciano tuvo lugar el pasado miércoles la comparecencia del que fuera presidente de la Comunidad Autónoma durante veinte años, Ramón Luis Valcárcel, en la actualidad diputado europeo y vicepresidente del parlamento de la UE, que fue citado en la comisión de la desaladora de Escombreras, una intervención en la que el popular fijó el coste de la planta en 140 millones y su precio de venta en 180, y no 600 millones. Ese mismo día, y en el mismo foro, también habló Alberto Garre, presidente de la Comunidad en el último año de la era popular antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo pasado, quien también se negó a reconocer la tasación de Escombreras que ofrecía la oposición.
En el Ayuntamiento, en unos días, tendrá lugar la segunda reunión de la comisión de investigación sobre instalaciones deportivas, que se ha creado a propuesta del grupo de oposición de Ciudadanos, que persigue chequear en el pleno la gestión municipal en ese departamento ante la sospecha y las denuncias ciudadanas recibidas sobre presuntas irregularidades en ese apartado. La idea, según ha podido saber esta Redacción, es que la Administración local llame a declarar al que fuera alcalde de Murcia en los últimos 20 años, Miguel Ángel Cámara, y al que durante ese periodo de tiempo ejerció de concejal de Deportes, Miguel Cascales, que en la actualidad es diputado por el grupo popular.
Esta comisión de investigación a nivel municipal se denomina coloquialmente de esta manera, pero en realidad se trata de comisiones especiales de trabajo, que no tienen la trascendencia que tienen en la Asamblea Regional.
Comparecencia no obligada
El ayuntamiento de Murcia puede llamar a testificar a las personas que considere, pero la incomparecencia de las mismas no tiene ninguna repercusión a diferencia de la Asamblea Regional, explicaron fuentes municipales a esta Redacción. Así, los llamados a declarar en las comisiones del parlamento autonómico, si no acuden, estarían cometiendo un delito de desobediencia en virtud del Código Penal y como tal podrían ser castigados.
La comisión de investigación municipal de instalaciones deportivas la preside Francisco Javier Trigueros, concejal de Ciudadanos, cuyo grupo llevó a pleno su creación. Trigueros manifestó ayer que este foro ya se ha reunido hace meses para su puesta en marcha y que en próximos días se volverá a convocar para establecer los aspectos en los que se centrará el trabajo de este órgano, en el que están presentes todos los grupos políticos del Ayuntamiento (PP, PSOE, Ahora Murcia, Cambiemos y la formación naranja).
Uno de los asuntos en los que se centrará, explicaron fuentes municipales, es en los contratos de cesión de instalaciones a clubes deportivos, en la gestión y adjudicación de cantinas en estas infraestructuras deportivas y en el cobro, un aspecto controvertido, ya que se han producido denuncias acerca de la forma en que se pagaba. Algunas juntas vecinales de pedanías encargaban el cobro de los campos de fútbol a un particular, que en algunos casos no hacía el ingreso en la cuenta del Ayuntamiento. El presidente de esta comisión especial señaló que «tendremos que saber esos ingresos dónde se han realizado y en qué cuenta están del Ayuntamiento», entre otras cosas.
