El que fuera concejal de Patrimonio del Ayuntamiento en el anterior mandato, Cosme Ruiz, y uno de los fichajes del exalcalde Miguel Ángel Cámara para su lista electoral en 2011 ha sido imputado por la jueza de instrucción número 3 de Molina de Segura, Marta Florenciano Lajusticia. Esta magistrada investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación "con ocasión de supuesta especulación urbanística con visos de delito" en la permuta realizada por el Ayuntamiento de Molina y particulares, que podrían haberse visto beneficiados por el consistorio en perjuicio de los bienes de propiedad municipal, según consta en el auto dictado el pasado miércoles. Ruiz era secretario e interventor municipal en el Ayuntamiento cuando ocurrieron los hechos que se están investigando. El juzgado tomó ya declaración como imputados el pasado mes de enero tanto al alcalde de Molina, Eduardo Contreras, del PP, como al que fuera concejal de Urbanismo en el momento de la permuta, Luis Gestoso.

Los hechos que denuncia el Heredamiento -también lo hizo el PSOE de Molina ante la Fiscalía- se remontan al año 2004, cuando el equipo de Gobierno del PP, presidido por Eduardo Contreras y en el que Gestoso era concejal de Urbanismo, iniciaron el procedimiento para la creación de una nueva escombrera municipal, por peligro de colmatamiento en la existente.

El empresario Juan Manuel Alcañiz, quien fuera presidente del Heredamiento Regante de Molina de Segura, precisamente la organización que puso la querella, y que también está imputado en la causa, ofreció al Ayuntamiento una parcela de su propiedad (así como otra de su esposa y una tercera persona) de 30.231 metros cuadrados, a cambio de permutarla por otro terreno de propiedad municipal de 50.385 metros cuadrados de superficie, situada en una zona próxima a un desarrollo urbanístico que tenía previsto llevar a cabo la sociedad Fadesa Inmobiliaria S. L.

Según los querellantes, Alcañiz vendió luego la parcela municipal que había permutado por la suya y recibió la cantidad de 1.863.036 euros, además de una serie de parcelas urbanizables en la zona. Todo ello sin que en ningún momento se iniciaran los trabajos de construcción de la escombrera.

En garantía de ese contrato, señala la querella del Heredamiento Regante de Molina de Segura, Fadesa entregó a Alcañiz un aval de 7.064.973 euros, ejecutable por la firma del empresario imputado, Promalgon S. L., si en un plazo de seis años desde la firma del contrato no ha recibido las parcelas.