Corrupción

El ayuntamiento de Murcia pide 60 años de cárcel para políticos y funcionarios por el caso Umbra

Como acusación particular solicita penas para Berberena y también para el presidente del Casino

10.02.2016 | 23:45
El plan parcial de Nueva Condomina se aprobró en 2003.
Alberto Guerra
Prevaricación y cohecho:12 años de cárcel

Al que fuera director de la Gerencia de Urbanismo le piden otros seis meses por negociaciones prohibidas

Isabel Fernández
Cuatro delitos de cohecho:12 años de cárcel

A la jefa de la Oficina de Gobierno local le piden otros seis meses por negociaciones prohibidas

Joaquín Peñalver
Cohecho y negociaciones prohibidas: 3 años de cárcel

Proponen también inhabilitación de siete años de empleo o cargo público para el jefe de Planeamiento

Juan Antonio Megías
3 años de cárcel por malversación

El presidente del Casino está acusado de malversación y le piden tres años de prisión

Renato de Noce
Proponen una pena de tres años por malversación

Es el ingeniero que se encargó de dirigir las obras de remodelación del Casino

Higinio Pérez Mateos
Cohecho, tráfico de influencias y malversación: 12 años

Es el ingeniero que se encargó de dirigir las obras de remodelación del Casino

Cárcel para todos. Ésta es la conclusión que se puede extraer del escrito de conclusiones provisionales que el Ayuntamiento ha entregado al juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, que investiga el caso Umbra, presunta trama de corrupción urbanística en torno a los convenios de la zona norte del municipio, y al que le solicita la apertura de juicio oral.

El Ayuntamiento ha ejercido prácticamente desde que se destapó el caso Umbra como acusación particular, una actuación que ha sido muy controvertida, sobre todo, por las críticas que le ha efectuado el fiscal de la causa, Juan Pablo Lozano, que llegó a decir que no acusaba y que lo que hacía era defender a los imputados, a los políticos y a los funcionarios investigados en este proceso, que arrancó hace casi diez años.
El Ministerio Público, incluso, llegó a pedir que el Ayuntamiento y los letrados que lo representaban fueran expulsados de la causa. «¿Qué sentido tiene una acusación que no acusa?», se preguntó Lozano en uno de sus escritos remitidos al juez para justificar su solicitud de que la Corporación fuera expulsada de la causa. Sin embargo, ahora los servicios jurídicos han cambiado radicalmente y en el escrito entregado en el juzgado el pasado lunes 8 de febrero con sus conclusiones provisionales piden más de 50 años de cárcel en total para sus funcionarios encausados, el exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena y el presidente del Casino, Juan Antonio Megías, también imputado en el caso Umbra. Fuentes municipales consultadas por este periódico han vinculado ese cambio en la actitud del Ayuntamiento a la desimputación del que fuera alcalde de Murcia en los últimos veinte años, Miguel Ángel Cámara, que sólo ha quedado encausado en la pieza separada Nueva Condomina.

En el escrito remitido al juzgado el pasado lunes, al que ha tenido acceso esta Redacción, especifica que «a esta parte interesa la apertura de juicio oral respecto de las siguientes personas». Se trata de Alberto Guerra, exdirector de la Gerencia de Urbanismo y funcionario municipal; Isabel Fernández Guerras, jefa de la Oficina de Gobierno Local y esposa de Alberto Guerra; Joaquín Peñalver, exjefe de Planeamiento y arquitecto municipal; Francisco José Peñalver, hermano del exjefe de Planeamiento; Renato de Noce, ingeniero de Caminos; Juan Antonio Megías, presidente del Casino y exconsejero del Gobierno regional; Higinio Pérez Mateos, abogado y socio de Guerra y Renato de Noce; Fernando Berberena, exconcejal de Urbanismo; Sandra Díaz García, una de las representantes de una empresa que firmó un convenio con el Ayuntamiento; y José Sánchez, presidente de la Entidad Urbanística Casino.

Las penas más altas de prisión las solicita para los funcionarios Alberto Guerra (pide 12 años por cuatro delitos de cohecho); Isabel Fernández Guerras (otros 12 años por cuatro delitos de cohecho) y Joaquín Peñalver (tres años por un delito de cohecho). Por contra, para Fernando Berberena, la acusación popular que ostenta el Ayuntamiento quiere que se le imponga seis meses de prisión por los relojes recibidos por Renato y Mirallevant en atención a su cargo. Para Renato de Noce y Megías pide la misma pena: tres años de cárcel por un delito de malversación en la rehabilitación del Casino, una de las contraprestaciones de uno de los convenios firmados entre la Administración local y promotores. La acusación particular que representa el Ayuntamiento también quiere que sean inhabilitados al menos cinco años.

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