El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Murcia ha estimado la demanda de 72 voluntarios del Teléfono de la Esperanza y, en una sentencia fechada el pasado 25 de enero, declara la nulidad de dos acuerdos del presidente y la junta directiva nacional: el cese del Consejo de Centro de Murcia, elegido en votación por los voluntarios mes y medio antes, y la anulación de las elecciones convocadas por este órgano para nombrar a un nuevo presidente en Murcia. El juez declara en dicha sentencia que la dirección nacional del Teléfono de la Esperanza ha infringido la Ley Orgánica de Asociación y violado los derechos fundamentales de los voluntarios del centro de Murcia, por lo que la condena al pago de las costas.
El desencuentro entre los voluntarios del Teléfono de la Esperanza de Murcia y la dirección nacional no es nuevo, pero los motivos que llevaron a este grupo de voluntarios a acudir a los tribunales se remontan a comienzos de 2014 cuando, por una serie de discrepancias con la entonces presidenta del centro, María Victoria Gómez -secretaria de la junta directiva nacional-, unos 200 voluntarios solicitaron su dimisión y la celebración de nuevas elecciones. Esta petición no fue aceptada por el presidente nacional, algo que causó mayor malestar en Murcia, por lo que se optó por la figura de un mediador, dando como resultado un nuevo presidente de consenso, Pablo Villacorta, quien al poco tiempo dimitiría, «debido a las trabas que desde la presidencia nacional no paraban de ponerle en su gestión», según explican a esta Redacción fuentes cercanas a los demandantes. Tras esto, el Consejo de Centro en funciones -elegido en su día por los voluntarios- convocó nuevas elecciones, pero el presidente nacional, «con una actuación dictatorial sin precedentes y sin facultades estatutarias para ello, anuló dicha convocatoria de elecciones, cesó al Consejo de Centro y ordenó iniciar un expediente de expulsión a los seis miembros que lo componían, poniendo a dedo como presidenta a María Guerrero», según explican dichas fuentes.
Ante esto, una serie de asociados y voluntarios decidieron interponer una demanda, la cual ahora se ve respaldada por un juez, quien ha declarado la nulidad de todas estas actuaciones. Cabe destacar que a raíz de la demanda, el 28 de mayo de 2015, un Juzgado de Murcia acordó como medida cautelar suspender dichos acuerdos del presidente nacional y ordenó la convocatoria de elecciones suspendida con anterioridad. De esta manera, el 17 de junio se celebraron elecciones, en las que María Guerrero logró el apoyo de 42 voluntarios y asociados y José Antonio Nicolás se hizo con 74 votos. Aun así, y con la victoria de Nicolás, según denunció públicamente en su día un grupo de voluntarios, el presidente nacional volvió a nombrar a Guerrero presidenta del Teléfono de la Esperanza de Murcia, «con el pretexto de que no se había votado de la forma aprobada en la Asamblea que comunicó el día antes y volvió a suspender de nuevo al Consejo de Centro, con lo que quedaron burlados tanto la medida cautelar acordada por el juez como los asociados que votaron democráticamente a sus representantes en las nuevas elecciones celebradas por orden judicial», tal y como aseguran algunos voluntarios.
Nueva demanda
Por todo esto, 90 voluntarios han interpuesto una nueva demanda, actualmente en trámite, así como dos ampliaciones a la misma contra «la solución ideada por la directiva nacional para tener mayoría en las siguientes elecciones: expulsar como asociados del centro del Teléfono de la Esperanza de Murcia a los más de cien voluntarios de Amites que no le son afectos», añaden dichas fuentes.
