La ausencia del certificado de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) garantizando el suministro de agua a los nuevos desarrollos urbanísticos se llevará por delante también el plan parcial de Cabezo de Torres.
La modificación urbanística del planeamiento de esta pedanía fue aprobada también por el ayuntamiento de Murcia con un certificado expedido por el Ente Público del Agua de la Comunidad Autónoma, garantizando los caudales de la desaladora de Escombreras, al igual que ocurrió con la recalificación de Joven Futura en Espinardo y de otro plan parcial en Puente Tocinos, que están anulados. En la misma situación de Murcia se encuentra una veintena de municipios que trataron de sortear la negativa de la CHS a garantizarles el suministro para nuevas urbanizaciones.
El Supremo ha anulado ya los planes generales de los municipios de Puerto Lumbreras y Aledo, así como el plan parcial de Joven Futura, que permitió construir unas 1.500 viviendas en la pedanía de Espinardo. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Región ha anulado también un plan parcial de Puente Tocinos por incumplimiento de la Ley de Aguas, aplicando la misma doctrina que el Supremo.
Manuel Núñez, el promotor de Totana que ha presentado la querella por presunta corrupción urbanística contra el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, miembros de sus gobiernos y altos cargos del actual Ejecutivo, ha solicitado a la Fiscalía la anulación del plan parcial de Cabezo de Torres por incumplir el artículo de la Ley de Aguas que impide aprobar desarrollos urbanísticos sin disponer previamente de la autorización de la Confederación Hidrográfica.
Esta solicitud se ha sumado a las denuncias presentadas hasta ahora por el abogado Diego de Ramón, que desde 2013 viene planteando en la Fiscalía las irregularidades detectadas en la desaladora de Escombreras y en los contratos suscritos por las empresas públicas de la Comunidad Autónoma con las compañías del Grupo ACS que han participado en la construcción y el mantenimiento de la planta.
La Fiscalía ha encontrado indicios de presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos en estos contratos, que ha denunciado en los Juzgados, y está pendiente ahora de que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 admita su denuncia.
Por su parte, Núñez se propone conseguir que la denuncia del fiscal y su propia querella se unan a los casos Umbra y Novo Carthago en una gran macrocausa como la Gürtel.
