El ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Derechos Sociales, que dirige Conchita Ruiz Caballero, quiere incorporar cláusulas sociales en los contratos municipales. Así se lo ha hecho saber a los partidos de la oposición, a cuyos portavoces ha convocado para una reunión en la que se debatirá esta cuestión, así como «se revisarán los criterios ya existentes, promoviendo la incorporación de otros que puedan corresponder».

El objetivo de estas cláusulas sociales, según la concejala, sería «facilitar el acceso al empleo de las personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad social». La propuesta de la Concejalía sería alcanzar un acuerdo de Pleno de todos los grupos municipales que recomiende e inste el desarrollo de actuaciones en esta materia, encargando a los técnicos municipales del desarrollo de una guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social, «al amparo de la normativa y legislación vigente, que sea de aplicación a los contratos que se promuevan y que, según su naturaleza y objeto, puedan corresponder desde cada uno de los servicios municipales».

Esta iniciativa no es nueva, si se tiene en cuenta que Cambiemos Murcia ya propuso para su debate en el Pleno una moción en la que solicitaba la creación de una comisión municipal integrada por los grupos municipales, secciones sindicales del Ayuntamiento y técnicos municipales, con el fin de que se realizara el estudio y redacción de cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental, que pudieran incluirse en los pliegos de contratación del Ayuntamiento, con la finalidad de «asegurar unas condiciones laborales dignas, unas condiciones medioambientales adecuadas, así como la inserción laboral de colectivos desfavorecidos».

En la moción, Cambiemos Murcia iba más allá y solicitaba que no se prorroguen los contratos vigentes de forma automática, sino redactando, cuando expire cada uno de ellos, un nuevo pliego que incorpore dichas cláusulas.

La finalidad de lograr la incorporación de cláusulas sociales en los contratos es, según fuentes de Cambiemos, que en las mesas de negociación «no solo se mire el coste del contrato, sino que se analicen las condiciones laborales, los horarios o el sueldo de los trabajadores, para que ninguna persona contratada por el Ayuntamiento cobre el sueldo mínimo interprofesional y pueda llevar una vida normal».

La argumentación de Cambiemos para presentar esta moción -que finalmente retiró al ser convocados por la concejala de Derechos Sociales para debatir dicho tema e intentar llegar a un acuerdo- se basa en que «la privatización, la liberalización, reformas laborales, rebajas salariales, reformas de pensiones y un largo etc., son todas medidas que forman parte de una misma estrategia sustentada en la lógica del beneficio privado que tiene como consecuencia el empobrecimiento de los trabajadores».

Sin embargo, «desde lo público, la atención debiera estar en la calidad de los servicios, las condiciones en las que son prestados y el propio papel de la Administración como garante de ambas cosas. La Administración es la última responsable de la prestación de los servicios públicos y por tanto de cuanto se deriva de las fórmulas de gestión escogidas, de forma directa o indirecta», añaden.