Tribunales

El juez del caso Umbra acaba la investigación de Nueva Condomina

Pide al fiscal que califique esta pieza separada para ir a juicio oral o que solicite el sobreseimiento de la causa

30.10.2015 | 04:00

El caso Umbra, que investiga una trama de corrupción urbanística en el norte de la ciudad en torno a los convenios que el Ayuntamiento firmó con distintos promotores, empieza a ver el final del túnel después de más de cinco años de pesquisas. El juzgado de Instrucción Número 8 encargado de esta causa tiene prácticamente finiquitada la pieza separada que se abrió a raíz de las averiguaciones en torno a esas actuaciones urbanísticas.

En concreto, se trata de la pieza separada relativa al convenio de Nueva Condomina. El juez del caso Umbra, David Castillejos, ha dictado una providencia el pasado 27 de octubre en la que pide al fiscal de la causa, Juan Pablo Lozano, que acuse o que proponga el sobreseimiento. El magistrado da un plazo de treinta días al Ministerio Fiscal, el mismo que concederá a las defensas, con el fin de fijar cuanto antes juicio oral si así lo estimara conveniente.

Esta providencia ha sido dictada una vez que han llegado al juzgado las pruebas complementarias que solicitó el fiscal. La pieza relativa a Nueva Condomina pone el foco sobre el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; el que fuera alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara; Pedro Morillas, el que fuera director de la Gerencia de Urbanismo, y Joaquín Peñalver, ex jefe de Planeamiento Urbanístico de Murcia. El resto de imputados de Umbra, entre los que se encuentran el exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena, quedan fuera de este asunto.
La pieza separada de Nueva Condomina ha investigado los pormenores del convenio 12/2001 Nueva Condomina. Los hechos que se han evaluado por parte del juzgado comprenden entre los años 1999 y 2003. El juez Castillejos consideró que el enjuiciamiento independiente del convenio de Nueva Condomina facilitaría y agilizaría el caso Umbra, que estalló en 2010 y en el que se investigan, entre otros, los presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, que pudieran derivarse de la tramitación de los convenios urbanísticos de la zona norte de Murcia.

Esculturas
Ocho funcionarios del Ayuntamiento fueron llamados a declarar el pasado lunes en calidad de denunciados por la Policía Nacional, en relación a la investigación sobre la instalación de esculturas en las rotondas del casco urbano. Ante esta noticia, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento coincidieron ayer en explicar que, lo sucedido, responde «al tipo de urbanismo que ha llevado el PP en este municipio».

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