La Fiscalía, la acusación particular y las defensas de los diez acusados en el conocido por caso Valeo, en el que se persigue un delito contra los derechos de los trabajadores, comenzaron ayer unas negociaciones con la vista puesta en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad.
La Audiencia Provincial de Murcia había convocado a las partes a una comparecencia por si se alcanzaba esa conformidad, que evitaría la celebración del juicio, pero al comienzo de la misma la fiscal, el letrado de la acusación particular y los abogados defensores pidieron un margen de tiempo para tratar de conseguirla.
El presidente del tribunal, el magistrado Abdón Díaz, señaló que la sala ofrecerá «un intervalo suficiente» para que las partes puedan tratar de llevar a buen puerto las negociaciones que dieron comienzo ayer, y, en caso negativo, se señalará la vista de estas diligencias que fueron abiertas hace ahora 18 años. El caso finalizó en 2013 con la declaración de prescripción acordada por la Audiencia, decisión que fue revocada por el Tribunal Supremo en 2014, que ordenó reabrir el caso al considerar que aquella no se había producido.
El fiscal sostiene en sus conclusiones provisionales que los acusados llevaron a cabo diversas actuaciones en perjuicio de los 145 trabajadores que se salvaron de un ERE que afectó a más de un centenar de compañeros y que, finalmente, también fueron despedidos.
La acusación estatal solicita para cada uno de los acusados tres años de cárcel y que, todos ellos, abonen a los trabajadores indemnizaciones cercanas a los ocho millones de euros. Los hechos se remontan a noviembre de 1992, cuando se pactaron unos despidos que supuso que más de un centenar de empleados de la plantilla se marcharan con un plan de prejubilación. Sin embargo, el acuerdo del plan suponía garantizar la estabilidad a los 145 trabajadores que quedaban en la factoría.
Pero a finales de septiembre del siguiente año la dirección de Valeo comunicó a éstos su intención de cerrar la fábrica en Murcia, quedando el centro productivo de Fuenlabrada (Madrid). La empresa adujo cuestiones deficitarias en la fábrica en Murcia, para lo que acompañó el escrito que presentó ante la Dirección Provincial de Trabajo en Murcia un informe económico. Solicitó entonces que se tuviera por iniciado el periodo de consultas del expediente de extinción de estos contratos. Las negociaciones con los trabajadores fueron en vano y Valeo España comenzó gestiones para protegerse de las reclamaciones laborales y liquidar la empresa.
