Reducción de la presión fiscal, eliminación de trámites administrativos e impulso de la economía local para fomentar la creación de empleo son las notas fundamentales del proyecto de ordenanzas fiscales elaborado por el Equipo de Gobierno para el próximo ejercicio, y que ayer fue presentado por el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los presidentes de Croem y Cámara de Comercio, José María Albarracín y Pedro García-Balibrea, respectivamente. Junto a ellos y con el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, analizaron las líneas básicas de la propuesta fiscal con la que el Ayuntamiento pretende «incrementar la renta disponible por los ciudadanos sin afectar a la estabilidad presupuestaria».

Una de estas medidas será la supresión de la licencia de actividades, de la que en los próximos cuatro años se beneficiarán unos 10.000 empresarios, que podrán ahorrar desde 100 a 40.000 euros por apertura de establecimiento, con una media que puede situarse entre los 2.000 y 3.000 euros, según informaron ayer fuentes municipales en un comunicado.

Los murcianos pagarán en 2016 alrededor de 18 millones de euros menos en impuestos al Ayuntamiento como consecuencia de las modificaciones incorporadas ahora. Esta cantidad, unida a los 16,7 millones de euros que dejará de recaudar la Hacienda Local debido a las bonificaciones fiscales vigentes, supondrá un ahorro total para los ciudadanos de 34,7 millones de euros en 2016. Esto es, una media de 221 euros por familia, de ellos, 112 euros derivados directamente de las novedades introducidas en las ordenanzas para el próximo año, tal y como explican dichas fuentes. Un ahorro para los bolsillos de los murcianos con los que el Ayuntamiento pretende «contribuir a la reactivación de la actividad económica y comercial del municipio, como base imprescindible para la creación de empleo y para hacer de Murcia una ciudad más justa, más participativa, con mejores servicios y menor coste para el ciudadano», explicó ayer el alcalde. Estas medidas se concretan fundamentalmente en la reducción del IBI un 2%, beneficiando a familias y empresas, que dejarán de pagar 2,4 millones de euros; la no actualización de los valores catastrales, lo que incide directamente en el IBI y en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

En este segundo caso, supondrá un ahorro de 2,1 millones de euros; la ampliación de los supuestos de no sujeción a la tasa de ocupación de la vía pública, con objeto de incentivar la celebración en la calle de actos culturales; la congelación del resto de tasas y precios públicos; y más facilidades de pago.

Además, se mantienen otras medidas de reactivación económica y creación de empleo vigentes en años precedentes y que continuarán en 2016 como, por ejemplo, la bonificación de hasta el 80% de la cuota íntegra del IBI donde se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal; la reducción del 5% en los coeficientes de situación del IAE; la ampliación de la bonificación por creación de empleo, del 5 al 50%, incluyendo nuevos tramos; la bonificación del 50% por inicio de actividad; la exención a pymes y autónomos que facturen menos de un millón de euros; o la bonificación del 95% de la cuota del IAE a cooperativas.

Por otro lado, José Ballesta y José María Albarracín acordaron crear una mesa de trabajo para ahondar en la supresión de «papeleo» con el objeto de reducir en lo posible los plazos que hay que dar para la apertura de una empresa en el municipio.