Tribunales

La declaración del arquitecto jefe, clave para reabrir el caso por el derribo de La Paz

La Audiencia reabre el caso de la guardería demolida al considerar que la instrucción no está concluida Eduardo Martínez-Oliva, actual edil de Hacienda, situó «la capacidad de decisión en la persona del alcalde»

09.10.2015 | 01:08
La declaración del arquitecto jefe, clave para reabrir el caso por el derribo de La Paz

La Audiencia Provincial ha decidido revocar el archivo de la causa abierta por el derribo de la escuela infantil La Paz y la imputación del exalcalde de Murcia Miguel Cámara y el empresario José López Rejas, responsable de la demolición del centro educativo. En la parte dispositiva del auto se establece como «pertinentes y necesarias las diligencias instructoras consistentes en la declaración judicial como imputados tanto de don Miguel Ángel Cámara Botía, anterior alcalde de la Corporación Municipal, que será en el tiempo la primera de las diligencias a practicar, como la del promotor inmobiliario don José López Rejas, esta última si realmente no estuviera practicada en dicha condición de imputado». En este sentido, la Sala considera que la instrucción no está concluida sin que el que fuera alcalde de Murcia dé las explicaciones oportunas, ya que «los autos no acaban de transmitir claramente la sensación de que todo fuera un mero trámite administrativo o urbanístico ordinario sin mayores aditamentos».

Por ello, la Audiencia Provincial ha decidido reabrir el caso, teniendo en cuenta una declaración clave, que sería la del jefe de la Oficina Técnica de Arquitectura (que dependía directamente de alcaldía), Antonio González, que explica que «se le hizo un encargo verbal para que elaborara un Proyecto de Demolición de la Escuela Infantil, y él se lo asignó a Juan Carlos Canosa. La demolición inmediata de la escuela no estaba justificada por razones de urgencia, sino que solo procede en caso de ruina.

En consecuencia, fue una decisión política». Asimismo, la Sala recuerda la declaración del entonces jefe del Gabinete del alcalde, Eduardo Martínez-Oliva, actual concejal de Hacienda y Contratación, que «sitúa el nivel y capacidad de las decisiones tomadas sobre esta cuestión precisamente en la persona de dicho alcalde». En los razonamientos jurídicos, el auto estima que «la demolición pudo haber sido una decisión estrictamente política de dicho alcalde y de su Junta de Gobierno, o de parte de ella».

También destaca como relevantes otros datos objetivos añadidos, entre los que menciona que «tratándose de una supuesta rehabilitación del barrio de La Paz a ejecutar por determinada mercantil, estando también afectado el colegio público de Educación Infantil Nuestra Señora de la Paz, se haya mantenido en pie precisamente porque en este caso específico se libró un escrito de 3 de marzo de 2006, ante el ofrecimiento del promotor, por el que el director general de Enseñanzas Escolares del Ayuntamiento informó a López Rejas de que la oferta de construir un nuevo colegio quedaría en todo caso condicionada a la previa autorización del Ayuntamiento y a los consiguientes trámites administrativos». «Y parece que gracias a eso el colegio sigue en pie al contrario de lo que ha ocurrido con la escuela infantil», señala. Alude igualmente a la posibilidad de que «la decisión de la demolición estuviera tomada de antemano, antes incluso de la debida finalización del trámite administrativo correspondiente».

El tercer dato surge de las propias declaraciones del que fuera edil de Urbanismo, Fernando Berberena, «cargo municipal que también parece poner en cierta forma en tela de juicio el operativo urbanístico, pues montándose todo sobre la base de un posible proyecto de rehabilitación del barrio de La Paz, resultan significativas sus palabras de que en las Juntas de Gobierno «nadie pensó, desde luego yo no, que los acuerdos sobre la escuela infantil tuvieran relación directa con la rehabilitación del barrio».

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