El Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, que investiga el presunto caso de corrupción urbanística Umbra, señala al ya alcalde de Murcia en funciones, Miguel Ángel Cámara, como «avalista político» del acuerdo con el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, para la recalificación de los terrenos en los que se construyó el nuevo estadio de fútbol, el centro comercial Nueva Condomina y una zona residencial para 4.000 viviendas en una superficie de 2,1 millones de metros cuadrados.
El juez, David Castillejos, destaca que el entonces concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, «vio por primera vez el documento 11 años, 6 meses, y 16 días después de firmarse» y asegura que el protocolo suscrito en 1999, calificado como «un negocio urbanístico», no llegó al expediente administrativo.
La imputación de Camára le obliga a renunciar a la secretaria general del PP para facilitar la investidura del candidato popular a la presidencia regional, Pedro Antonio Sánchez. La renuncia de Cámara es una de las tres que pedía Ciudadanos para votar a Pedro Antonio Sánchez. Ya ha dimitido el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y se ha dado de baja en el PP la alcaldesa en funciones de Fuente Álamo, María Antonia Conesa.
El magistrado dictó ayer un auto en el que ordena continuar el procesamiento contra Cámara y Samper en la pieza separada e inicia un procedimiento abreviado, que supone el paso previo a la apertura de juicio oral contra ambos por «uso de información privilegiada y prevaricación». Castillejos también ve indicios de prevaricación en la actuación del exdirector de la Gerencia de Urbanismo Pedro Morillas y el exjefe de Planeamiento Joaquín Peñalver.
La declaración del entonces responsable de Urbanismo es clave
- Ginés Navarro, concejal de Urbanismo en la primera corporación municipal presidida por Miguel Ángel Cámara, fue la mano derecha del alcalde hasta que las desavenencias motivadas por los convenios urbanísticos acabaron con la amistad que les unía también profesionalmente, dado que ambos eran compañeros en el claustro la facultad de Química. Tras salir de la concejalía de Urbanismo, Cámara lo mantuvo como responsable de Fomento, aunque Navarro no duró mucho en el puesto. Por eso, el juez Castillejos considera clave la declaración de Ginés Navarro.
El auto, que tiene 114 páginas, recoge las declaraciones de responsables políticos de la corporación municipal que aprobó el convenio de Nueva Condomina en 2003, entre los cuales figuran los entonces portavoces municipales del PSOE y de IU, José Salvador Fuentes Zorita y Concha Hernández, respectivamente; además de los peritos y funcionarios. El juez, que ha comunicado su decisión a la Fiscalía y a las demás acusaciones personadas, da un plazo de 30 días hábiles para «solicitar la apertura de juicio oral».
Tras la recopilación de los testimonios y el informe de la Fiscalía, concluye que el protocolo suscrito por Cámara y Samper en julio de 1999 «no era por tanto sólo un proyecto deportivo, sino un negocio urbanístico» para la empresa de Samper, Sport Management and ProyectSL.
La tesis de David Castillejos es que el Ayuntamiento no exigió a Samper las compensaciones de suelo del 10% que establece la normativa legal y aprobó un plan parcial en el que permitía al promotor la construcción de entre 1.000 y 1.500 de viviendas más, al autorizarle «una edificabilidad superior» a la que contemplaba el Plan General, porque iba a hacer un nuevo estadio. De acuerdo con la tasación que hizo una perito de la Oficina Nacional de Auditoría, que fue ratificada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la compensación al Ayuntamiento que Samper debía añadir a los 19.257 metros cuadrados que había cedido se cifra en 57.772 más. Esos 57.772 metros estarían valorados en unos 18 millones de euros. En contrapartida, las plusvalías obtenidas por Samper rondarían los 150 millones, una vez descontados el estadio y el campo de golf. El juez concluye que Cámara era el único que conocía el convenio y responsabiliza al exjefe de Planeamiento y al exdirector de la Gerencia por no haber contemplado los 18 millones. En el auto advierte de que no hay constancia de que la compensación se haya abonado.
