Las paredes hablan. Los pasillos del Ayuntamiento susurran rumores. Hay «barullo» y algunos empiezan a ponerse nerviosos. Es lo que le está ocurriendo a un grupo de empleados por el consistorio municipal; un grupo con unas características muy particulares. Exparados de larga duración, mayores de 55, muchos de ellos sin formación, etc. En definitiva, uno de esos sectores con perfil de alto riesgo de cara al mercado laboral. Pero, ¿por qué? ¿No trabajan en el Ayuntamiento? Lo hacen, pero no como funcionarios. Son lo que se conoce como personal laboral indefinido, herederos de aquella suerte llamada colaboración social, y actualmente viven una situación de incertidumbre en torno a su futuro que les ha obligado a tomar cartas en el asunto.
Asociación de Personal Laboral Ex Colaboración Social del Ayuntamiento de Murcia. La línea que precede se corresponde con el nombre de la agrupación que varios de estos trabajadores pusieron en marcha el pasado 17 de febrero tras conocer -de forma prematura- la intención de la concejalía de Seguridad y Recursos Humanos de sacar a oferta pública unas 700 plazas de auxiliares administrativos, bibliotecas, ordenanzas y conserjes, muchas de ellas cubiertas por los antiguos contratos de colaboración social; sus contratos. Concretamente, fuentes de la improvisada organización cifran en 433 el número de afectados, sin contar los perjudicados de forma indirecta, «muchas familias viven únicamente de ese sueldo», que estiman que podrían alcanzar las 2.000 personas.
«Y no se han dirigido a nosotros para nada -asegura uno de sus miembros-. La oferta pública de empleo tiene tres años para ejecutarse; es decir, tienen de plazo hasta el 2018. Y una vez que se convoquen las oposiciones tendremos seis meses o un año, no más, antes de irnos a la calle».
El alta, un paso atrás
Pero el problema no es reciente. Desde hace una media de cinco años -ocho en el más extremo de los casos- y hasta el pasado mes de noviembre, cerca de 500 personas se encontraban laboralmente en una posición en el limbo entre la ocupación y el paro. Literal. Técnicamente parados, recibían del Estado la prestación de desempleo pero, a su vez, trabajaban para el consistorio municipal realizando tareas habituales de la administración pública y cobrando de ella la diferencia entre el sueldo mínimo estipulado por el convenio correspondiente y la ayuda del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Situación respaldada por un Real Decreto de 1982 que daba cobertura legal a la colaboración.
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a la revisión y resolución de este tipo de contratos considerados ilícitos por el máximo organismo judicial del Estado. De este modo, desde hace casi cinco meses estos trabajadores están dados de alta en la Seguridad Social, en un movimiento que lejos de mejorar su situación laboral parece que la ha empeorado. «Antes, cuando no estábamos dados de alta, sin seguro, no había ningún problema. Y ahora, que por fin estamos medio en condiciones, todo el mundo sale corriendo, y a siete semanas de las elecciones con el partido en el poder diciendo que va a crear plazas de trabajo», lamenta uno de los afectados.
Cabe señalar que la regularización de este tipo de contratos en el mes de noviembre supuso un desembolso de dos millones de euros para las arcas municipales.
Ahora, la asociación tiene dos frentes abiertos. Por un lado, el ministerio de Empleo les reclama una cantidad de 4.260 euros por cabeza a los trabajadores que tuvieron esta vinculación con la Administración municipal. Concretamente se trata de la prestación por desempleo recibida entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2014, tiempo que estuvieron dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena.
Por otro, la citada subasta de sus puestos de trabajo en un futuro cercano. «Si sacan nuestras plazas a oferta pública nos mandan irremediablemente al paro, ya que no vamos a poder competir con los opositores», aseguran miembros de la asociación. Esto es lo que más les preocupa, especialmente porque consideran que «no existe necesidad». «No tenemos ningún problema con el Ayuntamiento, no queremos boicotear a los sindicatos, ni molestar a nadie. En cuatro o cinco años el 90% de nosotros se habrá jubilado y podrán lanzar la convocatoria sin hacernos daño. Solo una negociación y un tiempo prudencial para que la gente salga. Se está jugando con la vejez, una de las etapas más difíciles de la vida, y esto nos va a condenar a quedarnos sin pensión», sentencia el afectado.
Mientras tanto, viven deprisa y con miedo. La velocidad con la que se han desarrollado los acontecimientos y la falta de previsión reconocen que les está arrollando: «Vamos improvisando. Un viernes salió la convocatoria de oferta y ese fin de semana empezamos a movilizar a la gente y presionar a los sindicatos». De momento, apenas alcanzan el centenar de asociados, pero continúan trabajando sin descanso para la concienciación de todo el grupo mientras miran de reojo al correo, su mayor enemigo: «En cualquier momento nos llega el finiquito y nos echan.
Tenemos un contrato con el Ayuntamiento 100% indefinido, pero si nos quieren despedir nos despiden; nos indemnizan y a la calle».
Los contratos se aprobaron en octubre
Fue en la comisión informativa previa al pleno municipal de octubre cuando se puso fin, por imperativo judicial, a la desregulación de la vinculación de los trabajadores de colaboración social con el ayuntamiento de Murcia. Los votos a favor de PP e IU ante la propuesta de la concejalía de Personal fueron suficientes para que se aprobara la creación de 446 puestos de trabajo „hoy 433 debido a varias jubilaciones„ que dieran cobertura a los empleados del consistorio que, hasta ese momento, cobraran su sueldo entre ayudas de desempleo y retribuciones por parte del Ayuntamiento.
