El fiscal del caso de la guardería de La Paz, Juan José Martínez Munuera, pide imputar al alcalde porque es "a quien estaban subordinadas jerárquicamente las personas que impartieron, sucesivamente, las órdenes que desembocaron en la demolición de la escuela infantil de la Paz", según consta en el escrito remitido al juzgado de instrucción número 1 de Murcia que investiga las posibles responsabilidades en el derribo de esta instalación municipal, que fue tirada en octubre de 2007.
En el escrito del fiscal, que está en poder de esta Redacción, se indica que esas personas subordinadas son Eduardo Martínez Oliva, jefe de Gabinete de Alcaldía, que fue la persona que dio la orden de redactar e proyecto de demolición; Antonio Gónzalez Serna, jefe en esa fecha de la Oficina Técnica de Arquitectura -OTA-, que fue el que impartió la orden de "atribución de su elaboración" (del proyecto de demolición), y Juan Carlos Canosa, arquitecto de la OTA y el técnico que se encargó del diseño del proyecto por encargo con fecha 1 de octubre de 2007. Las tres ya declararon como testigos en el caso.
Martínez Munuera pide también al juzgado que solicite al Ayuntamiento el pago del canon anual de 24.474 euros que debía pagar el promotor José López Rejas, que abanderó la remodelación del barrio que está paralizada, por los terrenos en los que situó los barracones que sustituyeron en la calle Juana Jugán las instalaciones de la guardería pública. Además, solicita que se deje sin efecto la imputación del técnico municipal y jefe del servicio de Escuelas Infantiles, José Antonio Peñaranda, el único funcionario hasta ahora encausado.
El presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, ha insistido esta mañana en la inauguración del centro de salud de Santiago El Mayor en que sigue siendo partidario de que no se incluyan imputados en las listas electorales de cara a la convocatoria de mayo. Garre ha realizado estas declaraciones ante la presencia del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que lo acompañaba en la inauguración del centro de salud y que puede quedar imputado en el caso de la guardería de La Paz, ya que el fiscal de la causa que lleva el Juzgado de Instrucción Número 1, pidió el pasado viernes su imputación.
El presidente, preguntado por los periodistas acerca de si mantenía la misma doctrina de no incluir imputados en las listas electorales, afirmó que "usted cree que un presidente cambia de opiniòn así como así", confirmando que él prefiere que en la convocatoria electoral no haya políticos con cuentas pendientes. También se ha referido a las declaraciones efectuadas por los fiscales, en las que advirtieron que no aceptarán injerencias políticas.
Garre ha asegurado que "las manifestaciones de los fiscales son de los fiscales. Son un poder independiente. Ante eso, el ejecutivo tiene que callar". "Mi obligación es atender a los murcianos. Cada uno que se dedique a lo suyo", dijo.
El traslado de los niños desde la guardería de La Paz hasta los barracones, junto a la avenida Primera de Mayo donde permanecen actualmente, se realizó en octubre del año 2007 y el AMPA de la escuela infantil junto con STERM-La Intersindical, Foro Ciudadano y a la asociación de vecinos Nuevo Barrio pusieron una denuncia acusando de prevaricación a la Administración local y a cuantos participaron en su traslado y derribo.
El alcalde dice ante la petición de imputación del fiscal que "no creo en las casualidades". Cámara en la inauguración del centro de salud de Santiago El Mayor esta mañana se ha referido a la solicitud del fiscal de imputarlo en el derribo de la guarderia de La Paz. Ha dicho que "se hizo con todos los informes".
