El abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular en casos como el de la CAM y Novo Carthago, ha enviado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Murcia para denunciar el contrato para la gestión tributaria en el ayuntamiento de Murcia, que fue objeto hace unos meses de un enfrentamiento entre el Gobierno municipal del Partido Popular y la oposición. El letrado señala que el mismo fue «un traje a medida para la actual prestataria del servicio».
Diego de Ramón recuerda que fue el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contracturales, dependiente del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el que advirtió de algunas irregularidades en el pliego de condiciones de dicho contrato, lo que obligó al Ayuntamiento a cambiarlo. En el escrito dirigido al fiscal Juan Pablo Lozano, el abogado murciano señala que el primer pliego de condiciones «infringía de forma notable y constante los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia e igualdad de trato entre los candidatos, ya que con el estableciento de algunos requisitos se vulneraba el derecho de posibles empresas participantes, con la exigencia de medios técnicos, humanos y tecnológicos muy superiores a los legales».
Según De Ramón, a la adjudicación del contrato, por valor de 31 millones de euros en cuatro años, «solo podía aspirar la actual prestataria del servicio». El ayuntamiento de Murcia todavía no ha adjudicado el servicio.
