Un perito designado por el Juzgado de Instrucción que investiga la presunta corrupción producida en la expansión norte de la ciudad de Murcia, conocida como caso Umbra, ha valorado en 7 millones de euros el traslado de tres explotaciones porcinas de la zona, que el Ayuntamiento estimó en 68,8 millones.
El informe elaborado por el ingeniero agrónomo M.R.A., al que ha tenido acceso Efe, fija en 3,7 millones de euros el coste del traslado de una de estas explotaciones, Lo Navarro de Murcia, S.A., mientras que los correspondientes a Cárnicas, S.A. y Castillo de Larache, S.L., los concreta, respectivamente, en 2,2 millones y 980.000 euros.
El documento indica que para su elaboración, el autor ha tenido en cuenta el valor de reposición a nuevo de estas explotaciones, el valor de reposición, el coste de su traslado a unas nuevas instalaciones -en el que se incluye el de los cerdos con que contaban, entre otras partidas-, así como los honorarios de proyectos y el coste de las tasas y licencias.
El informe de este perito judicial analiza en cada una de las granjas porcinas el estado de sus instalaciones, el número de cerdos que tenían registrados, el valor de sus edificaciones y de otras dependencias, como vestuarios y aseos, viviendas, oficinas, calderas de gasóleo, básculas y balsas para purines.
El estudio señala así mismo que a la hora de calcular el valor de reemplazamiento neto de las instalaciones se ha considerado la tasación referida a 2006, por ser el año en que fueron aprobados los acuerdos urbanísticos del ayuntamiento con las empresas.
Estas explotaciones porcinas se vieron afectadas por la expansión norte de la ciudad, cuyas promociones urbanísticas las hacían incompatibles.
Según el informe elaborado por la fiscalía Anticorrupción, las arcas municipales habrían desembolsado 68,8 millones como pago de indemnizaciones a sus propietarios por el traslado de las mismas.
Para la fiscalía, el consistorio sobrevaloró el traslado y abonó cantidades muy por encima del coste real, con el correspondiente perjuicio para los fondos públicos.
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, negó esa afirmación cuando hace varios meses declaró como imputado en estas diligencias.
En aquella ocasión, Cámara indicó que la cantidad fijada por el traslado y cese de actividad era la correcta y que este trámite pasó por un plazo de exposición pública, además de exponer que la administración regional no detectó irregularidad alguna.
