Corren tiempos difíciles para el barrio de El Carmen. La crisis económica que vive el país pega de lleno a comerciantes y vecinos de uno de los distritos más antiguos de Murcia, pero, aunque resulte extraño, este no es actualmente el motivo principal de los quebraderos de cabeza de sus habitantes. El barrio lleva sumido demasiados meses en una situación de tensión constante, consecuencia de la irrupción de la prostitución y, supuestamente, el tráfico de drogas desde hace ya más de dos años.

Según los vecinos, los focos de infección son varios: un par de locales sin licencia y, especialmente, un edificio embargado que hace las veces de casa okupa y prostíbulo improvisado. Se trata del segundo, tercer y cuarto piso del número 9 de la Calle Álvarez Quintero. Huele a la legua. El portal está reventado, abierto de par en par, y en los rellanos se acumulan preservativos, litronas y jeringuillas.

Seguramente no es el único barrio en Murcia que cuenta con un inmueble de estas características, pero hay un hecho que hace la situación especialmente alarmante. Se trata del colegio Herma, de Primaria y Secundaria. Diariamente niños desde los tres años juegan en su patio, un patio custodiado por las ventanas traseras del edificio de la discordia. Puerta con puerta, pared con pared.

Por supuesto, si la situación se ha alargado durante tantos meses no es por desdén del vecindario. «Tenemos 6.000 firmas recogidas y presentadas al Ayuntamiento desde hace más de un año y medio, tenemos 52 escritos de 52 comunidades de vecinos diferentes que llevamos hace 9 meses al Registro, acudimos a cada pleno municipal para decirlo, etc. El Ayuntamiento tiene constancia de nuestras quejas, pero aquí nadie hace nada», lamenta una vecina indignada, que ilustra el sentir general de barrio.

La concejalía de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de Murcia, dirigida por Nuria Fuentes, centra todas las críticas. «Nos prometió a todos que iba a haber un buen despliegue policial pero, ¿tú ves alguno? Esto fue hace año y medio y los vecinos ya nos hemos cansado de estar llamando todos los días a la Concejalía. Está todo dicho al parecer», dice desolada otra residente del barrio.

Dudas sobre la competencia

Los vecinos tienen claro que el problema no está en la actuación de la Policía, de quienes elogian su profesionalidad tras varias intervenciones de importancia, sino que el asunto está algún escalafón por encima. «Es competencia del Ayuntamiento. La Policía Nacional no puede actuar si el Ayuntamiento no actúa. Los okupas saben que el piso está embargado, pero que sin una orden judicial la Policía no puede entrar. ¿Tiene que morir algún crío u ocurrir alguna desgracia para que se tomen medidas?», se pregunta exaltado un vecino.

La versión del barrio es respaldada por la propia Policía Nacional, que pasa la pelota al Consistorio. «Si no hay una actividad delictiva concreta nosotros no actuamos. No podemos embargar, ni tapiar, ni nada. Es competencia del Ayuntamiento», aseguran fuentes del propio cuerpo a este diario.

Por su parte, la concejalía de Seguridad Ciudadana se muestra totalmente contraria a esta versión. «El tema es competencia de la Policía Nacional, los vecinos ya lo saben. La Policía Local no puede actuar en el interior del edificio, solo en la calle».

Francisca López, presidenta de la Asociación de Vecinos Carmelitanos, asegura que por parte del barrio ya no queda más que hacer. «Lo tiene la Fiscalía, está en situación judicial, han abierto diligencias y la documentación ha sido remitida a la Delegación de Gobierno. No entiendo quién tiene que dar la orden, pero depende de ellos».

Lo único seguro es que El Carmen no aguanta más. «A la gente le da hasta miedo venir aquí por las circunstancias del barrio. Es muy triste. Los ciudadanos debemos vivir con seguridad y tranquilidad y ahora mismo no es así», dice un vecino. De momento, nadie responde y el problema sigue sin solucionarse.