El plan parcial de La Fuensanta, que incluye la construcción de casi 1.300 viviendas en las proximidades del Santuario, puede verse salpicado por el caso Umbra, presunta trama de corrupción urbanística en el municipio en torno a los convenios que el Ayuntamiento firmó con distintos propietarios en la zona norte.
La Plataforma ciudadana de Defensa del Monte, que está integrada por grupos ecologistas, PSOE e IU, entre otros, ha presentado una nueva denuncia en Fiscalía, en la que pide al Ministerio Público que investigue la relación de la empresa promotora de este proyecto con dos de los imputados en el caso Umbra: el abogado Higinio Pérez Mateos y el exgerente de Urbanismo y abogado municipal Alberto Guerra.
Según la denuncia entregada en Fiscalía, la Plataforma sostiene que el responsable de Inverovide, la empresa promotora del plan parcial de la Fuensanta, es el abogado Rafael Hormigo Yagüe, que era administrador de Murcia Green Park, relacionada con un convenio urbanístico en Ulea que gestionó Higinio Pérez Mateos con la participación de Alberto Guerra, ambos imputados en el caso Umbra.
Lo que quiere la Plataforma de la Fuensanta es que se investigue por la vía penal la relación entre estos y el proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento y que se investiguen también las razones por las que la Administración local ocultó al juzgado en el que se tramita el contencioso que puso el movimiento vecinal hace dos años un informe de la Comunidad Autónoma, en el que se pide que se declare nula la aprobación definitiva de este plan parcial.
Las reacciones a esta nueva denuncia de la Plataforma de la Fuensanta no se han hecho esperar y el concejal socialista Juan Patricio Castro consideró ayer que esta ocultación es una prueba muy reveladora del 'modus operandi' urbanístico del Gobierno municipal del PP. Para el edil socialista, «el binomio de imputados Cámara-Berberena ha escrito en el plan parcial La Fuensanta otra página negra del urbanismo de Murcia, como se está empezando a demostrar ahora».
Mientras, Esther Herguedas, de IU, indicó que «todo esto nos da la razón a la moción que presentamos para que se revisara el plan parcial, ya que el trámite no fue el correcto». Según la portavoz del grupo de oposición, ni siquiera viene reflejado en el proyecto quiénes son los propietarios de los terrenos. «Sólo consta un despacho de abogados de la calle Ferraz de Madrid, algo muy extraño y que da qué pensar», indicó Herguedas.
