La demanda contencioso-administrativa que la Asociación de Propietarios y Residentes del barrio de La Paz Nuevo Barrio, de Murcia, ha presentado contra el proyecto de remodelación de la zona impulsado por el promotor José López Rejas denuncia que duplicará la población residente en un área de apenas 150.000 metros cuadrados. El presidente de la asociación, José Manuel Muñoz Ortín, explicó ayer que de llevarse a cabo el proyecto constructivo conforme estaba concebido pasarían de vivir en el barrio 5.000 personas a hacerlo 10.000, el equivalente de la población de municipios como Beniel o Calasparra en apenas "dos calles con aceras de dos metros de anchura". Se perdería además la guardería, que fue derribada y sus alumnos ubicados desde entonces en barracones prefabricados de chapa a la entrada de Puente Tocinos, y el centro de salud pasaría a estar ubicado en los bajos comerciales de uno de los bloques previstos, denunció Muñoz Ortín. En su opinión, el ayuntamiento de Murcia ha hecho dejación de funciones al ceder a los actuales propietarios de viviendas los derechos de aprovechamiento resultantes de multiplicar por tres el índice de edificabilidad.

Esta cesión, explicó, lleva consigo que los particulares cedan gratuitamente las dos terceras partes a López Rejas, cuando debería ser el Consistorio el encargado de gestionar los nuevos espacios públicos. En la motivación que ahora le ha pedido el juzgado a la Asociación, la demanda, cuya tramitación comenzó en 2008, denuncia también algunas irregularidades del proyecto, como el plazo de exposición pública, que fue de un mes, y no de dos, como se comprometió el Ayuntamiento. También, la inexistencia de informes técnicos realizados por los funcionarios competentes en la materia, además de otros ni siquiera redactados, como los referentes a las afecciones medioambientales, la circulación del tráfico y la regulación de las zonas de aparcamiento.

Además, destaca que se incumple en 14 años la ley que obliga a que la protección oficial de las viviendas se extienda hasta los 50 años, pues fueron construidas en 1965, protegidas con esa figura en 1968 y privadas de ella en 2004, cuando deberían haberla mantenido hasta 2018. Por último, la Asociación denuncia "el sistema esperpéntico" elegido para financiar las obras, pues López Rejas "no arriesgaba nada". La demanda se dirige contra la orden de la consejería de Obras Públicas que aprobó la modificación del plan general municipal de ordenación urbana que afectaba a esa zona.