El polémico derribo de la guardería de La Paz, que estaba siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, está ahora en la mesa de la Audiencia Provincial, que deberá pronunciarse sobre las alegaciones presentadas contra el archivo de la denuncia decretado en marzo pasado por el juez instructor, según explicaron a esta redacción fuentes judiciales. Las mismas fuentes añadieron que la resolución del Juzgado de Instrucción Número 1 de Murcia, que ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, señala que adopta ese fallo porque los hechos no suponen "infracción penal alguna" y no encajan en la figura de prevaricación ni en la de malversación.

Tanto el fiscal del caso como la Asociación de Padres y Madres de la guardería, personada en la causa, han recurrido el fallo y esperan con ansia a que se resuelvan sus alegaciones por parte de la Audiencia Provincial. Ésta no es la primera vez que se archiva la denuncia interpuesta contra el cierre y derribo de la escuela infantil propiedad del Ayuntamiento, que decidió su demolición aduciendo que era necesaria para la remodelación del barrio de La Paz, promovida por el promotor José López Rejas.

El fiscal del caso ha pedido que se reabra el procedimiento con las imputaciones de la entonces concejala de Educación, Pilar Megía; del que fuera edil de Presidencia y Patrimonio, Francisco Porto; y del jefe de Escuelas Infantiles, el técnico José Antonio Peñaranda. El Ministerio Público considera que no está justificado que la pala entrara en estas dependencias municipales, que fueron trasladadas a otra zona del barrio con el pretexto de que el promotor José López Rejas iba a comenzar a ejecutar su proyecto de remodelación de La Paz, una iniciativa que está ahora en punto muerto.

En el transcurso de la instrucción de este caso, cuya reapertura está pendiente de la Audiencia Provincial, fueron llamados a declarar distintos técnicos del Ayuntamiento y también el jefe del gabinete de Alcaldía, Eduardo Martínez-Oliva. A este último hizo referencia el exjefe de la Oficina Técnica de Arquitectura del Ayuntamiento, Antonio González Serna, que compareció también en el juzgado como testigo y explicó que la demolición fue una decisión política ordenada directamente desde la Alcaldía de Murcia y que los técnicos se limitaron a redactar un proyecto sin interferir ni tomar ninguna decisión sobre el derribo.

La pala excavadora entró en la escuela infantil el 25 de octubre de 2007. En octubre de 2008, la asociación de vecinos Nuevo Barrio de La Paz puso una denuncia en la Fiscalía de la Región por la demolición de la guardería, pero fue archivada. Posteriormente, en julio de 2011, esta misma asociación volvió a la carga y presentó otra denuncia en el juzgado de lo penal, con el apoyo de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de la escuela, el Foro Social y Sterm-La Intersindical, tras comprobar que cuatro años después del derribo de la escuela infantil, el Ayuntamiento ni el promotor ni siquiera habían completado la tramitación burocrática del proyecto presentado. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción número 1, que emitió un auto archivando el caso, pero que después decidió reabrirlo con apoyo del fiscal.