La empresa de transporte público Latbus ha cumplido este miércoles su anuncio de aplicar la subida de tarifas y suspender la simplificación tarifaria, de forma que los bonos ya no pueden ser recargados, según han hecho saber a Europa Press fuentes de la empresa.

La empresa no ha cambiado en su postura, anunciada el pasado lunes a través de la página web de Latbus, a pesar de la petición de la Entidad Pública del Transporte (EPT), organismo adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, y de la amenaza del Ayuntamiento de Murcia, que aseguró que iba a "tomar las medidas legales oportunas" para impedir esta "propuesta unilateral".

Cabe recordar que la empresa ha suspendido la simplificación tarifaria, lo que implica que los bonos no pueden ser recargados a partir de este miércoles, 15 de agosto, aunque los usuarios pueden hacer uso de ellos hasta que se agoten o caduquen.

De esta manera, desaparecen el Unibono general; el Unibono estudiantes; el Unibono universidad; el Bono 10 mis viajes; el Bono Campus; y el billete de pedanías a 1,35 euros, según fuentes de la empresa consultadas por Europa Press.

Así, las nuevas tarifas en vigor se establecerán de acuerdo con el artículo 19.1 de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

Respecto a las nuevas tarifas, el billete de las líneas coordinadas (1, 6, 7, 12, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 61, 91 y 92) pasará a costar 2,15 euros.

El billete de la línea de pedanías (24, 25, 34, 36 y 37) pasará a costar 1,20 euros; y el billete de las líneas 26, 28 y 39 pasará a costar 1,25 euros. Asimismo, el mínimo de percepción quedará fijado en 1,15 euros.

La empresa no ha querido hacer consideraciones ni valoraciones sobre la postura de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, aunque ha confirmado que los encuentros entre todas las partes "van a continuar" para tratar de encontrar una solución.

En este sentido, ha criticado que la responsabilidad, fundamentalmente, es "de la Comunidad y del Ayuntamiento", pero cree que "no se habría llegado a esta situación si el Consistorio se hubiera interesado por la situación en la que podían quedar los ciudadanos de las pedanías de Murcia".

"El problema es un impago de la administración, pero se ha generado por el desinterés del propio Ayuntamiento, ya que la Comunidad sigue mostrando voluntad y manteniendo reuniones", añade.