MANUEL G. TALLÓN
La adminstración concursal que es responsable de gestionar la empresa Latbus ha reclamado al ayuntamiento de Murcia y a la Comunidad Autonóma el pago de las subvenciones que tiene pendientes con de abonar a la concesionaria del servicio de autobuses en el municipio, que ronda los 1,5 millones en el caso del Consistorio y los 2,1 millones en el de la administración regional, según pudo saber esta redacción. Dicha petición es necesaria para garantizar la viabilidad de la compañía y si no se satisface habrá que adoptar medidas para evitar un posible cierre tales como suprimir los bonos subvencionados en la mayoría de las líneas y modificar la frecuencia de paso en algunas de ellas, que son deficitarias.
La inestabilidad económica de Latbus ante la falta de abono de las subvenciones vuelve a poner en jaque la continuidad del servicio tal y como está estructurado. La compañía, inmersa en concurso de acreedores desde diciembre, ingresó ayer el 30% de la nómina de enero y el 70% restante queda pendiente de pago, como ocurrió en ocasiones anteriores, cuando el retraso en el pago de las nóminas llevó a sus 600 trabajadores a secundar varias jornadas de huelga.
La situación a la que se ha llegado entre la empresa y las administraciones públicas con los trabajadores de por medio, trata de zanjarla la administración concursal, cuyo titular, el economista y titulado mercantil Reinaldo Carrillo, contactó con el comité de empresa de Latbus para escuchar lo que los trabajadores tenían que decirle.
El presidente del comité, Miguel Cano, indicó que este nuevo episodio de impago es «una vuelta a las andadas» y, aunque pidió tiempo para que los administradores concursales hagan su trabajo, avisó de las consecuencias que pueden derivarse de la situación.
«Los administradores están aquí para salvar la empresa y tienen claro que para evitar el cierre deben adoptarse medidas y se las harán llegar a las administraciones públicas. No se pueden eliminar líneas por el hecho de que sean deficitarias, pero sí se pueden modificar las que fueron ampliadas después de haberse adjudicado la concesión atendiendo a la demanda creciente de usuarios. Esto afectaría a las frecuencias de paso, pues hay líneas que tendrían menos autobuses circulando», dijo el representante de los trabajadores, quien asume que «seguramente la mayoría de las tarifas que son subvencionadas por las administraciones dejarán de estar bonificadas».
La última huelga, en noviembre
En relación a si puede convocarse un nuevo plante de trabajadores –el último tuvo lugar en noviembre y se llegó a él por las deudas contraídas en septiembre y octubre–, Cano apuntó que «cuando hemos convocado una huelga ha sido porque era la única alternativa que nos quedaba y los trabajadores volverán a decidir si se actúa del mismo modo para ejercer la defensa de un derecho, el derecho a cobrar lo que nos corresponde».
La administración concursal, tras estudiar la rentabilidad de las líneas, tanto las urbanas como las interurbanas, que operan en Murcia, emitirá un informe que hará llegar al juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia, que fue el que dio su visto bueno al concurso de acreedores solicitado voluntariamente por Latbus para tratar de sanear sus cuentas tras acreditar su estado de insolvencia económica. La notificación se producirá previsiblemente en un plazo de diez días y a la espera de la misma planea la posibilidad de liquidación y cese de actividad en el caso de que no se garantice la viabilidad del servicio.
Es lo que temen en la empresa, aunque desde la compañía de autobuses prefieren no hacer declaraciones al respecto al encontrarse la misma intervenida.