Dos ediles a dieta

LOLA GARCÍA Dos concejales del Gobierno local del Ayuntamiento perciben cada uno a la semana una dieta de 400 euros si asisten a la reunión de junta de gobierno, que suele celebrarse los miércoles. Se trata de los ediles de Hacienda, Isabel Martínez Conesa, y de Tráfico, Javier Iniesta, que no están liberados dentro de la Corporación (es decir, no perciben un sueldo como tal y siguen trabajando en las ocupaciones que tenían antes de entrar en la Administración local).

Estos concejales tienen el estatus de ediles sin régimen de dedicación, aunque sí ostentan importantes competencias delegadas por el alcalde, Miguel Ángel Cámara, y son miembros de la junta de gobierno. La dieta de 400 euros por cada reunión semanal del Gobierno local fue incluida en el acuerdo de pleno de junio de 2011, en el arranque del quinto mandato de los populares, y fue una novedad con respecto al firmado en 2007, en la anterior legislatura.

La concejala de Recursos Humanos, Nuria Fuentes, que fue la encargada de negociar con los grupos políticos ese acuerdo como portavoz del PP, indica que esa dieta se paga ahora por primera vez porque «en anteriores corporaciones no había ningún concejal no liberado con competencias delegadas y que fuera miembro de la junta de gobierno». Además, estos dos ediles perciben otra cantidad mensual de 500 euros por asistir al pleno y de 400 euros por ir a una comisión especial de pleno. En total, reciben cada mes de las arcas municipales 2.500 euros brutos (1.600 euros por las cuatro juntas de gobierno mensuales –si asisten a todas-, 500 euros por el pleno -suele haber uno al mes– y otros 400 euros por cada comisión). Si van a alguna otra comisión que está pagada, esa cantidad puede incrementarse en otros 400 euros brutos al mes.

A las cifras mencionadas, hay que sumar lo que cada uno cobra al mes de sus respectivos trabajos. En el caso de Martínez Conesa, la nómina se la paga la Universidad de Murcia, donde trabaja en la facultad de Economía, y en el caso de Javier Iniesta, su nómina laboral la percibe de la Arrixaca, hospital en el que ejerce de enfermero. Ni la concejala de Hacienda ni el edil de Tráfico quisieron hacer declaraciones a esta redacción sobre las retribuciones que les aporta a su economía doméstica el Ayuntamiento por su cargo de concejal, aunque sí mostraron su malestar al ser interrogados por este periódico sobre lo que ganan como ediles no liberados de la Corporación.

Fuentes populares indicaron que, pese a lo que pueda parecer, estos concejales ganarían más dinero del Ayuntamiento si recurrieran a la liberación parcial con competencias (y no al cobro de dietas), lo que supondría una remuneración anual bruta cercana a los 45.000 euros (un concejal liberado al cien por cien gana neto más de 3.000 euros).

Por otro lado, el Gobierno local ha eliminado el tope de dinero a percibir que tenían los concejales no liberados y sin competencias (los de la oposición y alguno que otro del equipo de cámara), que fue fijado en 1.100 euros brutos. Esa anulación de esa cantidad máxima recibió el visto bueno en la aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de 2012. La concejala de Recursos Humanos indicó que la propuesta de anular ese fijo partió de los socialistas, grupo municipal que se abstuvo en la votación que se realizó en diciembre por no convencerle el resto de premisas de los presupuestos.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro López, precisó a esta redacción que su grupo solicitó en junio pasado quitar ese tope «para que los concejales que no están en el gobierno puedan cobrar al mes 200 euros más brutos». De hecho, indicó que hasta este momento los ediles de la oposición sin liberación no superan los 800 euros netos al mes.

Por otro lado, el Gobierno local del PP ha establecido, por primera vez, una partida en los presupuestos de 2012 para compensar a ediles que hayan dejado el Ayuntamiento y no puedan volver a su trabajo, que asciende a 51.000 euros y que ha sido incluida en el apartado de Recursos Humanos. Esa indemnización supone al año el 80% de la retribución que percibe un concejal y se aplicará por primera vez a Fernando Berberena, el que fuera responsable de Urbanismo durante los últimos ocho años y que no fue incluido en la nueva lista electoral de los populares tras ser imputado en el caso Umbra (investigación judicial sobre una presunta trama de corrupción urbanística en la capital de la Región). Berberena cobrará durante dos años esa indemnización porque, según la ley, no puede volver a su puesto de secretario general en la Federación de Empresarios de la Construcción al ser incompatible con la responsabilidad política ostentada.