M. G. T.
El real decreto-ley 13/2010 aprobado por el Congreso de los Diputados el 3 de diciembre de 2010, introdujo profundas modificaciones en la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 1993, la cual afecta directamente a su financiación. Dicho decreto suprime las cuotas de las empresas a las cámaras, que este año solo deberán pagar las sociedades con una facturación superior a los 10 millones de euros –representan menos del 1% del total de empresas, 484 en la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Murcia, según la Agencia Tributaria, de las cuales tienen cuota positiva 250– y en 2013 estos ingresos pasarán a ser totalmente voluntarios.
Ahí radica el problema de las cámaras de comercio, según Pedro García-Balibrea, presidente de la de Murcia. «Somos corporaciones de derecho público, pero con una financiación casi reducida a la nada», comenta al tiempo que pide volver al pasado.
«Las cuotas son nuestra fuente de alimentación y si las perdemos hacen falta recursos por otra vía, que puede ser que un tanto por ciento del fondo de dinero que el Gobierno percibe de las empresas por impuestos, vaya destinado a las cámaras, 200 millones en total, que no es una cantidad grande para el presupuesto de un Gobierno», indica.
«Es necesaria una ley que sustituya a la anterior y para conseguirla se establecerán negociaciones con el nuevo Ejecutivo», declara el presidente cameral, quien considera, no obstante, que es preciso «optimizar recursos» y pone el ejemplo de Holanda. «Allí han desaparecido muchas cámaras, pues en poblaciones pequeñas tal vez no hagan tanta falta, pero las que se mantengan deben tener financiación para desarrollar su tarea, eso está claro».