La Plataforma de Afectados del Grupo Trampolín, que sufren los efectos de la estafa que presuntamente protagonizó la sociedad inmobiliaria Trampolín Hills en la localidad de Campos del Río, reclaman que los responsables de la promotora, Antonio Martínez ´El Gitano´ y Rafael Aguilera, dejen de dar nombre a dos calles ubicadas en la urbanización que esta empresa construyó en la pedanía murciana de Gea y Truyols. Esta demanda será llevada al Pleno del ayuntamiento de Murcia el próximo jueves por parte del grupo municipal de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que ha prestado atención a los afectados.

Esta medida fue anunciada ayer en una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede de la formación política y a la que asistieron su coordinador regional, Rafael Sánchez; el portavoz de UPyD en el ayuntamiento de la capital, Rubén Juan Serna; y los portavoces de la plataforma Francisco Jesús López Ibarra y Pablo de Hoyos.

López Ibarra, tras quejarse de que «la Justicia no actúa como dicta la ley», dijo que «estamos en situación de indefensión, pues no hay bufete de abogados en España que quiera hacerse cargo de este caso debido a que la empresa entró en concurso de acreedores en 2009 y ahora es una administración concursal la que está al frente».

En total son unas 1.800 las familias, entre las que hay bastantes extranjeros de países como Inglaterra, Francia o Finlandia, que pagaron por la vivienda que se había proyectado construir en Campos del Río en una urbanización que incluía campo de golf, en la que solo se procedió al movimiento de tierras y a la instalación de pisos piloto. A continuación surgieron irregularidades y los problemas económicos de la empresa hasta el punto de que tanto Antonio Martínez como Rafael Aguilera pasaron por la cárcel, de la que salieron tras pagar una fianza de 180.000 euros.

«En la actualidad Trampolín Hills tiene dos procesos judiciales abiertos, uno penal por posible estafa, apropiación indebida de bienes, alzamiento de bienes y delitos fiscales y societarios, entre otros; y uno más civil por el concurso de acreedores», señaló López Ibarra, quien explicó que «la estafa supera los 50 millones de euros y como media cada afectado ha pagado 60.000 euros, pues incluso hubo quien aceptó el paquete de vivienda más un coche de lujo y acciones del campo de golf».