El propietario y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, saldrá airoso del caso Umbra. Los delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal e inducción a la prevaricación que la Fiscalía le imputa por las supuestas irregularidades del convenio Nueva Condomina, habrían prescrito, según opinan tanto sus abogados defensores como la propia Fiscalía, que no obstante seguirá adelante con el procedimiento judicial.

De los seis convenios urbanísticos de la zona Norte de la ciudad de Murcia que la Fiscalía investiga dentro del caso denominado Umbra, el de Samper fue el primero en firmarse, en el año 2001.

De los tres delitos que se le imputan a Samper, el que más tarda en prescribir es el delito fiscal -defraudar a la Hacienda Pública omitiendo ingresos tributarios-, a los diez años, plazo que ya habría transcurrido. Con la reforma del Código Penal, se amplió de 5 a 10 años el plazo en que este delito prescribe.

Los otros dos delitos que se le imputan al empresario prescriben antes incluso. De esta forma, aunque llegara a probarse que Samper indujo a un funcionario público o una autoridad a que tomara una decisión arbitraria e injusta sobre un asunto administrativo a sabiendas de su ilegalidad -tipificado como inducción a la prevaricación y penado con entre uno y dos años de prisión- no tendría consecuencias penales, porque prescribe antes que el de delito fiscal. Y, por último, tampoco tendría consecuencias penales para Samper el blanqueo de capitales, con penas de 3 a 5 años de cárcel, ya que la responsabilidad penal de quien lo comete expira en poco tiempo.

Que la responsabilidad penal de los implicados en el convenio Nueva Condomina ha prescrito es algo que admite el propio fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano. El representante del Ministerio Público explicó a esta redacción que «los delitos que se hayan cometido con la firma del convenio Nueva Condomina han prescrito, pero eso no significa que la investigación se paralice, ha de esclarecerse si se cometieron o no».

Y, para el fiscal, las irregularidades en el convenio Nueva Condomina existieron. Además de en las indagaciones que la Fiscalía lleva años realizando en torno a este acuerdo urbanístico, Lozano se basa en las declaraciones ante el juez que han emitido recientemente los peritos del Colegio de Arquitectos y de Hacienda para sostener que «el Ayuntamiento tuvo una pérdida de 18 millones de euros al fijar a la baja el precio de los terrenos que cedió a Samper», apunta.

Si bien Lozano mantiene que las irregularidades en este convenio existieron, la defensa de Samper reitera lo contrario, que todo se ajustó a la legalidad. Y, entre otros argumentos, también ponen como ejemplo para avalar la inocencia de su cliente las declaraciones judiciales de los peritos. Las interpretaciones que fiscal y abogados dan a las comparecencias de los arquitectos son distintas. Para los letrados de Samper y del resto de los imputados, la negativa de la arquitecto jefe de Hacienda, María Pilar Fontela, a ratificar el informe que ella misma elaboró en 2008 «es un claro síntoma de que se ha retractado y ha reconocido que no hubo irregularidades», indica uno de los abogados del caso. Esta arquitecto calculó en un informe pericial que el Ayuntamiento había dejado de ingresar más de 300 millones por rebajar el precio del suelo al firmar los convenios de la zona Norte, entre los que se encontraba el de Samper. Pero, hace unos días, esta perito estaba citada para ratificar el informe pero no lo confirmó, alegando que había tenido errores de cálculo. La defensa de Samper anunció en un escrito remitido a los juzgados -al que tuvo acceso LA OPINIÓN-, su intención de denunciar a la arquitecto por falsedad en documento oficial, al entregar al juez un informe «con datos incorrectos». Fontela trató de entregar un segundo informe al juez instructor, en el que se centraba en calcular las pérdidas del convenio de Samper, sin valorar los otros cinco convenios. En este segundo análisis, que el juez no le permitió entregar como prueba pericial, Fontela calculaba que las pérdidas del Consistorio solo por el convenio Nueva Condomina alcanzaban los 14 millones de euros.

Además de la perito de Hacienda, otros cuatro arquitectos elaboraron informes para evaluar la legalidad de los convenios. Estos peritos también han declarado hace unos días y, según la opinión de los abogados de los imputados en el caso Umbra, entre ellos los de Samper, la aportación de los arquitectos beneficia a sus clientes. Y es que, en sus comparecencias, los arquitectos indicaron que «la tasación de los terrenos de la Nueva Condomina se hizo con un método igual de válido que otro». Además, uno de los peritos exculpó al Ayuntamiento argumentando que no sólo no perdió dinero en la zona norte, sino que fue «confiscatorio» porque cobró un 40% por los terrenos en vez del 10%, como se hacía en el resto de convenios».

Como además del convenio Nueva Condomina el caso Umbra incluye otros cinco acuerdos urbanísticos que se están investigando y que aún no han prescrito porque se firmaron en 2005 y 2006, la Fiscalía tiene razones para continuar la investigación.