El exdecano de los arquitectos exculpa al Ayuntamiento en el caso Umbra

OLGA LÓPEZ TORRES La instrucción del caso Umbra ha dado un giro con las declaraciones periciales de los arquitectos que emitieron informes sobre los convenios de la zona norte de Murcia, investigados porque presuntamente el Ayuntamiento rebajó a los promotores el precio de los terrenos, lo que habría supuesto pérdidas millonarias a las arcas municipales.

Si la pasada semana la arquitecto jefe de la delegación de Hacienda, María Pilar Fontela, se negó a ratificar ante el juez el informe que había elaborado en el año 2008, en el que calculaba que el Consistorio había perdido «más de trescientos millones» al vender «por debajo de su precio de mercado» los terrenos de la Nueva Condomina y del
resto de la zona norte, esta semana otros cuatro arquitectos han ‘limpiado’ el nombre del Ayuntamiento.

Se trata del exdecano del Colegio de Arquitectos de Murcia, Mariano de la Villa Sanz; el actual decano, Antonio García Herrero; el tesorero, Rafael Pardo Prefasi, y otro técnico del Colegio, Andrés Checa. Al prestar declaración, De la Villa no solo descartó que el Ayuntamiento hubiese perdido dinero con la firma de convenios de Nueva Condomina, sino que manifestó que «el Consistorio cobró una tasa del 40% por los terrenos en vez del 10%, como se hacía en el resto de convenios». De la Villa calificó de «confiscatoria» la actuación del Ayuntamiento a la hora de fijar el precio de los convenios de la zona norte.

El actual decano del Colegio de Arquitectos, Antonio García Herrero, y los otros dos técnicos, Rafael Pardo Prefasi y Andrés Checa, comparecieron ayer ante el juez, el fiscal y los abogados de los imputados del Umbra para analizar si el método empleado para fijar el precio de los terrenos de la zona norte se ajustaba a la legalidad. «Es un método válido igual que otro», coincidieron los técnicos, añadiendo que en la fecha en la que se firmaron los convenios «no había regulación legal sobre las compensaciones del Ayuntamiento en este tipo de acuerdos».

Precisamente estos cuatro arquitectos emitieron un informe relativo al PGOU que afectaba a los terrenos propiedad de Lo Navarro, que se adjuntó al contencioso que esta sociedad interpuso contra el Ayuntamiento y Jesús Samper por el convenio de Nueva Condomina, al considerarse uno de los propietarios perjudicados. Lo Navarro retiró su contencioso cuando firmó otro convenio urbanístico con el Ayuntamiento en el que salía también muy beneficiado. Los arquitectos mostraron su descontento porque no se les hubiera comunicado que el contencioso para el que emitieron su informe ya estaba cerrado.-