Samper acusa de fraude a la perito del caso Umbra

OLGA LÓPEZ TORRES El presidente del Real Murcia, Jesús Samper, imputado en el caso Umbra de presunta corrupción, ha interpuesto un recurso de apelación contra la suspensión el pasado mes de junio de la comparecencia de la arquitecto jefe de la delegación de Hacienda María Pilar Fontela.

La nueva cita de la perito estaba fijada para la jornada de ayer, y la arquitecto acudió a los juzgados para comparecer ante el juez, el fiscal y los abogados y ratificar su primer informe que presentó ante el juez en 2008. En este documento, Fontela calculaba que las pérdidas para el Ayuntamiento por el total de convenios de la zona norte de Murcia podrían sobrepasar los trescientos millones de euros.

En su comparencia de ayer, la perito no ratificó el informe y reconoció que en el documento había «errores de cálculo». Fontela quiso ratificar otro informe nuevo que, como publicó LA OPINIÓN el pasado sábado 10 de septiembre, presentó este viernes ante el juzgado para sustituir al documento anterior. Sin embargo, el juez no admitió como prueba pericial este nuevo informe, aunque dejó la puerta abierta a que lo presente como diligencia para el caso.

La diferencia entre el primer y el segundo informe de Fontela se basa en que en el primero calculaba que el Ayuntamiento había perdido más de 300 millones por tasar a la baja los terrenos de todos los convenios de la zona norte y en el segundo, aunque mantiene que todo el suelo de esa zona se valoró por debajo de su precio de mercado, solo se centra en el de la Nueva Condomina, en el de Samper. Así, en vez de ofrecer una cifra total de las pérdidas que ha tenido el Ayuntamiento por rebajar el precio de venta de los terrenos de todos los convenios, sólo profundiza en el de Nueva Condomina, al resto de convenios los deja fuera. En este documento, Fontela dice que el Consistorio dejó de ingresar catorce millones de euros al vender por debajo del precio de mercado a Samper los terrenos del convenio de la Nueva Condomina, pero no dice nada de las pérdidas por el resto de convenios.

La tensión en la Sala del Juzgado de Instrucción número 8 quedó confirmada en la sesión de ayer. Los abogados recriminaban al juez instructor que otorgara un supuesto «trato de favor a Fontela retrasando sus declaraciones».

Fontela tuvo que enfrentarse ayer a la situación de comparecer ante los abogados después de estas críticas y, en concreto, a la defensa de Samper, que ha interpuesto el recurso contra ella acusándole de fraude y de falsedad documental.

Samper desacredita en su recurso los argumentos que dio Fontela para suspender la primera declaración. «Solo tenía que ratificar si mantenía o no lo que dijo en un primer informe de dos folios, así que es increíble que la perito alegue falta de tiempo para prepararlo». En cuanto a que recibió la notificación para ir al juzgado «dos días antes», Samper le recrimina que su comparecencia «había sido anunciada a bombo y platillo» e insta a que se compruebe en LA OPINIÓN.

«Las verdaderas razones por las que Fontela solicitó la suspensión de la declaración nada tienen que ver con la falta de tiempo, la realidad es que debía de ratificar un compendio de datos falsos», indica Samper.

El presidente del Real Murcia defiende con ejemplos «la falsedad de los datos del informe de la perito», y añade que no es correcta la superficie total del sector del convenio, ni la cuantificación de la edificabilidad del Convenio, y concluye que «no son correctas ni las sumas matemáticas que hace la perito».

«Fontela no tuvo el valor de ratificar el informe ante el juez porque era consciente de que sus datos son falsos y supondría su segura imputación por un delito de falso testimonio», asegura Samper. La perito «recurrió a un claro fraude legal» por dar motivos «falsos» para no declarar. La defensa de Samper adelanta que, al haber pretendido aportar un nuevo informe, «deberá ser imputada por falsedad del primero».

«La perito no tiene más opciones que pedir perdón porque los datos de su primer informe son incorrectos y rogar que no pidamos su imputación por un delito de falsedad documental», concluye Samper.