«Vamos a marear la perdiz, porque al hijo de esta no lo pienso inscribir», así se refirió el magistrado del Registro Civil de Murcia, Antonio Martín Ferradal, al hablar a los funcionarios sobre la madre de un menor nacido fuera del matrimonio, a la que llamó «puta». Al menos, este es uno de los ejemplos de «trato vejatorio» que Comisiones Obreras y CSI CSIF han incluido en la denuncia de los funcionarios que trabajan en el Registro contra el magistrado.

LA OPINIÓN publicó en exclusiva el pasado sábado que el juez había sido expedientado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras recibir una decena de quejas y denuncias de funcionarios que estaban «hartos», según manifestaban, del trato vejatorio al que Martín Ferradal les sometía, y que ellos calificaban como «maltrato psicológico».

Según los funcionarios, que han interpuesto una demanda por «trato vejatorio y acoso», el magistrado se refería habitualmente de forma irrespetuosa a inmigrantes y homosexuales.

El sindicato CC OO afirma que Martín Ferradal decía a los funcionarios acerca de los extranjeros: «Hay que citarlos pasados seis meses, sino, a esta gentuza y mindunguis, los hacemos enseguida españoles…»; o se refería a los matrimonios homosexuales como «los maricones esos».

Una de las personas denunciantes afirma en su testimonio que el juez tenía «una clara actitud homófoba que atenta contra mi moral y ética personal, al verme obligado a escuchar semejantes vejaciones hacia las personas», recoge en un comunicado el sindicato. Las personas denunciantes se encuentran de baja laboral por «ansiedad y depresión prolongada reactiva, debido a la situación continuada de estrés, acoso y humillación constantes por parte del magistrado», que les gritaba a menudo, según relataron a esta redacción.

El TSJ ya ha trasladado el expediente sancionador al Consejo General del Poder Judicial, que será el encargado de decidir si sanciona a Martín Ferradal. Una de las medidas que podrían tomarse es la de destituirlo como juez del Registro. Al magistrado le quedan sólo dos años antes de que se haga efectiva su jubilación, ya que tiene 68 años, y el máximo son 70.

El juez declaró a esta redacción que lo que le molestaba era que la noticia se hubiera filtrado a los medios, ante la pregunta de si estaba dolido o sorprendido ante las denuncias de los funcionarios.