Las diez de la mañana. La puerta de la Sala del Jurado Popular está atestada, 36 murcianos esperan para ser seleccionados –o para ser descartados– como miembros del jurado. Esa era la escena que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial al comienzo de los dos últimos juicios con jurado popular: contra la pareja de rumanos acusada de asesinar a un sacerdote en el barrio del Carmen, y contra la mujer rusa procesada por degollar a su hija deficiente en el barrio de La Fama.
Según la información de los secretarios judiciales, un tercio de ellos, doce como media, no quieren formar parte del Tribunal Popular y pone excusas para evitarlo. Pese al rechazo a formar parte de ese tribunal, lo cierto es que los murcianos «no ponen excusas de que ven extraterrestres», según relata uno de los fiscales consultados. «La mayoría de ellos se acoge a las eximentes que presenta la Ley del Jurado», informa la secretaria judicial de la sección cuarta de la Audiencia Provincial. «En el juicio del asesinato del sacerdote, las excusas eran reales, como la de una madre que no podía asistir porque no tenía con quien dejar a su hija de meses», dice la secretaria.
Otras fuentes de los juzgados indican que «a veces sí que se detecta que no quieren formar parte del jurado, porque en la entrevista personal se declaran homófobos o racistas, en caso de que los procesados sean gays o extranjeros».
Las excusas o eximentes que prevé la Ley del Jurado se aplican a los mayores de sesenta y cinco años, los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación, los que sufran grave trastorno por razón de cargas familiares, los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo, los que tengan su residencia en el extranjero, los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio, y los que aleguen y acrediten cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado.
Cantera regional
La Audiencia Provincial de Murcia eligió hace unos meses a los 1.800 ciudadanos candidatos a formar parte de los tribunales que se constituyan durante 2011 y 2012.
El proceso de selección, que se realiza los años pares, se lleva a cabo utilizando un ordenador en el que se introducen los números de identificación (nunca los nombres) de todos los empadronados en la Región mayores de edad. Gracias a la aplicación de una fórmula matemática y aleatoria, son designados los ciudadanos que podrán ser llamados a juzgar durante los próximos dos años. Semanas más tarde, los vecinos elegidos reciben por correo el plazo con el que cuentan para presentar las alegaciones previstas en la ley. Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2008 se resolvieron 11 causas con jurado en la Región y en 2009, un total de 13. Mientras que hasta la fecha, en 2010 se aclararon 9 causas con jurado.
La función de los jurados es emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, y sólo pueden intervenir en delitos de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraudes.
Por comparecer el día del juicio (sin ser elegido), se reciben 33,50 euros y por día como miembro del jurado, 67 euros. «Con la crisis, podría aumentar el interés por ser miembro de un jurado», indica un funcionario del Palacio de Justicia.
